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Cristina Fernández de Kirchner. (Efe)

La primera visita oficial de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se hace esperar. Según el ministerio español de Asuntos Exteriores, no tendrá lugar hasta febrero de 2009, después de que la presidencia argentina decidiera suspender el viaje previsto para mediados de octubre. Los problemas de agenda fue el recurrente argumento para postergar por tercera vez la visita, aunque pocos dudan de que la pugna por Aerolíneas Argentinas, así como la preparación del proyecto para nacionalizar los planes de pensiones, influyeran para que Fernández de Kirchner optara en septiembre por cancelar su viaje a Madrid.

Pese a los estrechos lazos históricos que unen a España y Argentina, las relaciones diplomáticas se han deteriorado con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Fernández de Kirchner. La otrora “relación privilegiada” se ha visto empañada por el temor de las multinacionales españolas con intereses en Argentina a las políticas económicas del matrimonio Kirchner.

La nacionalización de los fondos de pensiones, que ha convulsionado la Bolsa española, ha venido a confirmar las peores previsiones del Banco de España. Como desveló en agosto Carlos Sánchez El Confidencial, el organismo supervisor calificó a Argentina como un país de alto riesgo para España, junto a otras seis naciones: Venezuela, Iraq, Irán, Guinea Ecuatorial, Camerún y la República Dominicana.

Esta información provocó la ira del Gobierno argentino, que responsabilizó directamente a Zapatero de los análisis “irresponsables” del Banco de España. Según publicó el diario argentino La Nación, Fernández de Kirchner consideró que el informe era “una operación de represalia” del Ejecutivo español por el caso de las Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, en esa ocasión, la presidenta argentina mantuvo en su agenda la visita a Madrid para mediados de octubre, algo que canceló un mes después.

La primera anulación del viaje de Fernández de Kirchner a España se produjo en enero, y  la segunda, en julio, cuando la presidenta argentina afrontaba la revuelta de los agricultores por la subida de impuestos al campo. Por ello, y tras la suspensión de la visita por tercera vez, el Gobierno español no da por seguro que la fecha de febrero, para la que todavía no hay unos días exactos, se mantenga. Además, fuentes de Exteriores apuntaron a este diario que la visita de octubre tampoco llegó a cerrarse oficialmente.

Aerolíneas y pensiones

Es probable que el Gobierno argentino espere a un contexto menos conflictivo para formalizar la primera visita oficial de la presidenta. De haberse producido ahora, Fernández de Kirchner se habría topado con el enfado de la clase empresarial y financiera española, después de que valores como Telefónica, Repsol YPF, Iberdrola, Santander o BBVA cayeran en Bolsa empujados por las nacionalizaciones en Argentina.

Además, ayer, el grupo Marsans y el Ejecutivo argentino se enzarzaron en un nuevo cruce de acusaciones en medio de rumores sobre un supuesto plan para expropiar Aerolíneas Argentinas en pleno proceso de negociación para la venta de la compañía al Estado. Jorge Molina, portavoz de Marsans en la aerolínea, afirmó a Efe que el rumor “surgió de la Secretaría de Transportes”, y advirtió de que si la compañía fuera expropiada “se abriría una caja de Pandora” de “imprevisibles consecuencias”.

“Nos están obligando a ir a un juicio (ante el tribunal arbitral del Banco Mundial) que no queremos Marsans mantiene su posición negociadora y hay un gran abanico de posibilidades para llegar a un acuerdo”, señaló Molina. Para Marsans, Aerolíneas tiene un valor que va desde cero a 66 millones de dólares, mientras que Austral, subsidiaria de vuelos domésticos, cuesta entre 330 y 480 millones de dólares. Por el contrario, para el estatal Tribunal Nacional de Tasaciones, la aerolínea de bandera tiene un valor negativo de 546 millones de dólares, y Austral posee una valoración negativa de 76 millones de dólares.

“Como no les gusta el precio, ahora en vez de decir 'te compro' dicen 'te expropio'”, expresó Molina, quien añadió que la tasación que Marsans pidió al banco Crédit Suisse "es muy mesurada y razonable".

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