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Como es bien conocido, en los últimos años bancos y cajas de ahorro han aumentado sus activos, en gran medida ligados al sector de la vivienda, a un ritmo muy superior al que captaban depósitos de clientes. Para no perderse la fiesta de la construcción española, la banca optó fundamentalmente por aumentar su deuda, a través de inversores en su mayoría extranjeros, en vez de aumentar el capital propio. La estrategia tuvo éxito en estos últimos años, aunque la historia ha demostrado que no hay excesos sostenibles, porque el valor de los activos no sube indefinidamente. En este caso, el detonante de la crisis han sido las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero bien podía haber sido cualquier otro subprime o activo tóxico, ya que el problema viene dado por el crédito ilimitado e inconsciente a nivel global.

No creo que sea justo, por eso, culpar a Estados Unidos de nuestros males. En España también tenemos activos tóxicos, ¿o cómo denominamos si no a los créditos a constructores por el 100% del valor del suelo? En el caso de muchos de estos préstamos, los bancos van a recuperar un valor muy inferior al de las hipotecas subprime. Las pérdidas de capital incurridas por los inversores han destapado los errores cometidos en el pasado y han creado un pánico en los mercados que ha limitado el crédito tanto a buenos como a malos negocios.

Dado que la banca es un sector fundamental para el funcionamiento de la economía, la intervención del Estado es necesaria en un momento tan delicado como este. El Ejecutivo español ha acertado al aumentar la garantía de los depósitos de 20,000 hasta los 100,000 euros, algo que resultaba esencial. Este respaldo previene males mayores, pero no soluciona los que tenemos. Dicho lo cual, las medidas que el Gobierno debería adoptar pasan por no rescatar a los bancos y a las cajas insolventes; por inyectar capital a cambio de deuda subordinada y de acciones de las instituciones ayudadas, y por obligar a éstas a suspender el dividendo a sus accionistas. A continuación abordo por qué estas medidas son las correctas y no el Fondo planteado por el Gobierno.

La solución debe resolver los problemas de liquidez y no de solvencia de la banca. Muchas entidades bancarias han concedido préstamos irresponsables y han comprado empresas cotizadas en bolsa en vez de dedicarse a dar crédito a empresas y a familias. Muchas de estas inversiones valen hoy en día una ínfima parte del desembolso inicial, lo que ha llevado a bancos y cajas a un estado de insolvencia. El Estado no debe poner en riesgo el dinero de los contribuyentes para financiar instituciones que están virtualmente en bancarrota y no tienen ninguna viabilidad económica, sino que debe dejarlas caer para ser absorbidas por otros bancos y cajas. El Fondo planteado por el Gobierno pretende erróneamente comprar activos de instituciones con problemas, tanto de vencimiento de deuda a corto plazo como de insolvencia.   

Es necesario que los accionistas de los bancos que reciben la ayuda sean penalizados. No es de rigor que cuando el negocio va bien los beneficios sean para los accionistas y cuando va mal el riesgo de pérdidas sea para el contribuyente. No hay que olvidar que la banca ha llegado a esta situación aumentando voluntariamente su endeudamiento. El beneficio que ha obtenido en los años pasados no lo ha empleado en reducir endeudamiento, sino en aumentar el dividendo a sus accionistas. ¿Cómo es posible que no hayan pensado que tienen que pagar las deudas cuando vencen? ¿Es que las reglas del juego son diferentes para la banca que para una Pyme, por ejemplo? Además, el no penalizar a los accionistas crearía incentivos para seguir tomando riesgos elevados, ya que en caso de problemas la banca sabría que cuenta con el respaldo del Estado.

La solución propuesta por el Gobierno para la crisis bancaria no aborda este problema, dando el tratamiento a la banca más benevolente de cualquiera de los planes propuestos por otros países. El Estado debe forzar a las entidades a que emitan acciones a cambio de participar en el plan de ayuda. Mediante la emisión de acciones se penaliza a los actuales accionistas por acudir al Estado y se disuade a los bancos que tienen una buena salud financiera de participar de la ayuda Estatal. Estas nuevas acciones no tendrían derecho a voto, así se previene la intervención pública en las decisiones de empresas privadas. Por tanto, no se trata de nacionalizar los bancos para que el sector público tome decisiones en la empresa privada, sino de una medida temporal que además permitirá al Estado obtener un beneficio cuando los bancos se recuperen. Con el plan actual, el riesgo lo asumen los contribuyentes y los beneficios los bancos.  

La compra de activos de la banca propuesta por el Ejecutivo tampoco es una medida acertada. Según el Gobierno “el Fondo invertirá en activos de máxima calidad emitidos por las entidades de crédito y fondos de titulización respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras”. Esta definición es sin duda muy amplia y caben prácticamente todo tipo de activos. Con la ley del Gobierno, las entidades bancarias probablemente venderán sus peores activos: préstamos a constructores para la compra de terreno. En este caso el Estado compraría terrenos por el 100% del precio que pagaron los constructores en años anteriores, cuando en muchos casos el valor de esos activos no supera el 25% del valor original. Por otra parte, los ratings de “máxima calidad” emitidos por las entidades de crédito a los que alude el Gobierno son papel mojado. Las famosas hipotecas subprime tenían ratings de máxima calidad, entre otros muchos activos que hoy en día no tienen prácticamente valor alguno. Estas entidades que asignan los ratings son pagadas por los bancos, por lo que el conflicto de intereses es claro.

Supongamos, en un ejercicio teórico, que el Estado realmente compra los activos de máxima calidad de las instituciones financieras. En este caso se consigue el objetivo de que los bancos y las cajas obtengan financiación para repagar la deuda que les vence, aunque también se disuade a los inversores de recuperar la confianza en las instituciones financieras. Precisamente, si ya tenían miedo del estado de la banca, los inversores de deuda saben que la situación es peor después de la venta de los activos mejores.

La mejor solución para inyectar capital a los bancos es mediante deuda subordinada a la ya existente, así los accionistas son los primeros en absorber las pérdidas y no los contribuyentes. En el caso de la compra de activos propuesto por el Gobierno, la primera y única pérdida en la inversión en esos activos la asume el Estado y no los accionistas de las instituciones bancarias. Incluso en el supuesto de la venta de los mejores activos, es irrealista pensar que el riesgo de pérdidas es nulo, tal y como afirma el Gobierno, ya que muchos de los activos que el Fondo pretende comprar están ligados al precio de la vivienda y de la construcción. Mientras estos precios sigan bajando el valor actual y futuro de las hipotecas y otros activos que el Fondo adquiera es muy incierto. Con la inyección de deuda subordinada a la existente de los inversores internacionales, el siguiente tras los accionistas en asumir pérdidas es el Estado. De esta forma se reduce la probabilidad de pérdida de capital por parte de los inversores extranjeros y se aumenta la confianza de los mismos en las instituciones financieras.

Una última medida que debería adoptar el plan del Gobierno es forzar a la suspensión del pago de dividendos de aquellas empresas que reciban ayuda. Es inconcebible que la banca acuda al Estado por falta de liquidez cuando la liquidez de la que dispone la utiliza para pagar a sus accionistas.

Es más que probable que el rescate de la banca por parte del Estado no facilite en el corto plazo el acceso de empresas y familias al crédito, ya que las instituciones financieras tenderán a aumentar sus provisiones para hacer frente a futuras pérdidas. No obstante, la intervención Estatal es necesaria para evitar un colapso total de la economía. Las medidas aquí mencionadas son similares a las que otros países han adoptado, y son más efectivas para resolver el problema que el Fondo planteado por nuestro Gobierno. El plan Zapatero de crear ese Fondo para inyectar capital a la banca, es una mala copia de un mal plan como es el estadounidense. La banca debe de estar muy contenta con la propuesta española, el contribuyente no tanto.

*Emilio Gómez-Villalva García es Doctor Ingeniero del ICAI, MBA por Columbia Business School y actualmente trabaja para un hedge fund en Nueva York.

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