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El cambio climático, el problema de carácter mundial que hace escasos meses centraba todas las miradas y protagonizaba todos los debates, ha pasado de ser un asunto que requería medidas de urgencia a convertirse en poco menos que un estorbo en el seno de la política europea. La crisis financiera que planea sobre las economías mundiales ha provocado que los países de la UE se hayan replanteado el plan contra el cambio climático haciendo peligrar las medidas proyectadas y aflorando las diferencias entre ellos.

Los titulares europeos de Medio Ambiente se reunieron esta semana en Luxemburgo para revisar el sistema de comercio de emisiones y encauzar un acuerdo previsto para diciembre. Pero el Consejo no ha servido para otra cosa que para ratificar la disconformidad de Italia y Alemania sobre el plan, las cabezas visibles de los países reticentes a la puesta en marcha de las medidas ambientales.

Con la que se avecina, el calentamiento global es lo de menos, sobre todo cuando las propuestas para hacerle frente hacen peligrar los intereses de las economías nacionales. En estos tiempos de crisis, el conjunto de los Veintisiete no logra llegar a un consenso para rascarse el bolsillo por un fin que, para algunos, es tan abstracto como lejano.

Además de Italia, países como Polonia ya lo dejaron bien claro en la cumbre de la Unión de la pasada semana en la que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, propuso aplazar el acuerdo final a la cumbre de diciembre. Si las medidas adoptadas no satisfacen los intereses de sus empresas y sus Estados, recurrirán al veto impidiendo la aprobación de dicha normativa por falta de unanimidad. Silvio Berlusconi, que ha pedido el aplazamiento de hasta un año, aseguró que Italia no está aislada y que cuenta con el apoyo de otros nueve países, de los que no citó el nombre, que también se oponen a la ratificación de los objetivos fijados por la UE en la lucha contra el cambio climático.

Italia insiste en la inviabilidad económica del plan y exige que sus costes sean repartidos de forma equilibrada entre todos los países de la UE de forma que ninguna nación tenga que soportar unos gastos que pueda socavar su economía. El presidente del Gobierno italiano aseveró que “el método propuesto por la UE no es razonable” y recordó que países como Rusia, India, China, África, Brasil y Estados Unidos, ya mostraron su desacuerdo con la idea de reducir las emisiones de CO2. En el otro bando se encuentra España, que, a través de la titular de Medio Ambiente española, Elena Espinosa, volvió a reafirmar su apoyo a los planes europeos contra el cambio. "Lo más importante es reiterar el acuerdo (...) de que no podemos retrasar el paquete. La crisis económica no puede ser una disculpa al cambio climático, sino todo lo contrario", sentenció a su llegada a Luxemburgo.

Así las cosas, será en las reuniones bilaterales previstas para la semana que viene donde se aclaren las cifras de la normativa ambiental contra el cambio climático. Italia sitúa el coste entre 18.000 y 25.000 millones de euros por año para cada país, unas cifras exageradas según la portavoz europea de Medio Ambiente, Barbara Helfferich. “Las autoridades italianas han puesto sobre la mesa determinadas cifras sobre el coste del paquete, que según ellos están en nuestra evaluación económica, y como nosotros no las encontramos, estoy convencida de que son exageradas y no corresponden a la realidad", dijo Helfferich. Los Veintisiete deberán, por tanto, continuar deliberando qué hacer con el proyecto del cambio climático.

El debate de las emisiones de CO2

Muchos de los países de la Unión no están de acuerdo con el sistema europeo de comercio de emisiones, que obligará a las industrias a recortar sus gases contaminantes un 21% para 2020, con respecto a los niveles de 2005. El sistema prevé la introducción de un régimen de subasta de los permisos que las instalaciones reciben para poder emitir CO2, que ahora se conceden de forma gratuita. Bruselas ha propuesto que el 100% de las empresas eléctricas entre a partir de 2013 en la compra por subasta de los derechos, puesto que muchas de ellas ya están repercutiendo esos costes sobre los precios que pagan los usuarios. Sin embargo, varios países de la Europa oriental se oponen a que la compra de permisos alcance al total de eléctricas desde el primer año y piden que la entrada de las mismas sea gradual.

Desde las organizaciones ecologistas se sigue insistiendo en la importancia de la lucha contra el cambio climático. WWF ha ido más allá y ha hecho un llamamiento a la UE para que "asuma sus responsabilidades" y eleve del 20 al 30% la reducción de gases de efecto invernadero para 2020. Aunque el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) considera que para que éste sea soportable (menos de tres grados) habría que disminuir las emisiones en un 50%. De no corregirse las políticas energéticas actuales, las emisiones mundiales aumentarían un 130% en 2050, un nivel "insostenible" para la humanidad, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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