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Tomás Olivo, a la salida del juzgado.

El nuevo PGOU de Marbella, que verá próximamente la luz en el salón de plenos del consistorio, tendrá dos grandes beneficiarios: el empresario Tomás Olivo, imputado en el Caso Malaya y propietario de los terrenos que compró a Judas Bistock, donde se ubicó el centro comercial La Cañada, y Antonio García, el padre de Ana Obregón, uno de los propietarios de la parcela de la plaza de Toros donde está previsto que se levanten 250 viviendas. El documento urbanístico por el que se regirá la ciudad, consensuado entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía,  mantiene el crecimiento de 27.085 viviendas de cara a los próximos ocho años.

La polémica del centro comercial La Cañada está servida. Junta y Ayuntamiento se echan la culpa los unos a los otros. La propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha reconocido que los terrenos que Tomás Olivo le compró a Judas Bistock tienen la licencia de la Junta y que “la nueva fase de La Cañada está en manos del gobierno autonómico, así que poco podemos hacer al respecto”. El Ayuntamiento pide al empresario imputado en el Caso Malaya contraprestaciones millonarias para que pueda abrir  la tercera fase del centro comercial, hoy día paralizada.

Para que Tomás Olivo pueda seguir la ampliación de su centro comercial, el Gobierno andaluz exige al empresario la cesión al Consistorio de varios terrenos en concepto de compensación. Concretamente, 80.000 metros cuadrados en la zona de La Cañada para asentar el nuevo Recinto Ferial permanente de la ciudad, 18.000 metros en la zona del Pinillo que se destinarán a “zona verde”, según la alcaldesa, 20.000 metros cuadrados en el área de Río Real, en Los Monteros, y una parcela de 55.000 metros cuadrados en Alicate, donde podría asentarse el “futuro Palacio de Justicia” de Marbella.

La disconformidad de Tomás Olivo es total y no piensa hacer ninguna concesión que no le indiquen sus abogados, que ya han puesto en marcha un dispositivo para presentar alegaciones a dichas compensaciones en el plazo del próximo mes, período de la exposición pública del nuevo documento provisional del PGOU. Olivo asegura que nada debe al Ayuntamiento de Marbella, pues cuando adquirió la parcela por 1.360 millones de pesetas a la empresa Corporación de Nueva Marbella -propiedad de Judas Bistock-, se subrogó al convenio ya existente e ingresó en las arcas municipales más de 205 millones de las antiguas pesetas como pago del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Consistorio.

Así, la regidora marbellí, que en sus discursos electorales prometió a empresarios y comerciantes de la localidad que “no se asentarían nuevas grandes superficies comerciales”, no podrá cumplir su promesa electoral, ya que a partir de hoy la tercera fase del centro comercial La Cañada será una realidad. Ángeles Muñoz asegura que que si la Junta de Andalucía “reconoce el uso comercial del suelo en el nuevo PGOU de la ciudad, y  permite la actividad de negocio en las tres fases del complejo comercial, entonces ellos no pueden hacer nada”.

Otras de las concesiones que tendrá que hacer Tomás Olivo será la del emblemático edificio de Radio Nacional donde hasta hace muy poco tiempo se realizaba la programación de esta emisora. Este terreno fue comprado por Tomás Olivo en una subasta pública en noviembre de  2005 por un precio de 17,5 millones de euros. El Plan de Ordenación Urbana actual le da una calificación al  suelo de uso hotelero y obligando al empresario a ceder 2.000 metros una vez edificados al Ayuntamiento. En tiempos de la gestora, el uso de los terrenos se cambió a equipamiento cultural pero de nuevo han recobrado el uso hotelero.

Críticas de vecinos y oposición

Como ya adelanto en su día El Confidencial, bajo el mandato de Gil, en el año 1997, se aprobó en comisión de gobierno la cesión a JOTSA Promotora Uno (propiedad entonces de Antonio García, el padre de Ana Obregón) de una parcela situada en la barriada de la Plaza de Toros de Marbella, calificada en el Plan General como suelo urbano y reservada a viviendas sociales y equipamientos.

En el año 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló dicho convenio ya que, según reza la sentencia, “la parcela cedida forma parte del patrimonio municipal de suelo y que, por lo tanto, debía ser respetado ese uso”. Ahora, once años después, las viviendas son contempladas en el nuevo PGOU, lo que ha provocado que los vecinos de Plaza de Toros, una de las barriadas más masificadas de la ciudad, se quejen por la construcción en la zona. El presidente de la Asociación de Vecinos Pablo Picasso, Ángel Ferreira, alude que en estos momentos “ya está bastante saturada de edificaciones, y presenta una gran carencia en equipamientos y en plazas de aparcamientos. También carecemos de capacidad para acoger a más alumnado en el colegio y  el crecimiento de mas viviendas supondrá más niños en edad de estudiar”, protesta este vecino.  

En este sentido, instó a que el PGOU contemple una reserva de suelo para la construcción de un nuevo centro educativo, ya que, según Ferreira, la ampliación que se pretende del actual colegio Antonio Machado, en el parque colindante al mismo, “provocaría que la barriada perdiera 2.500 metros de parques y jardines. Parece claro que lo que se proponen desde el Ayuntamiento con la aprobación de este nuevo PGOU es satisfacer más los intereses de los promotores que los de los vecinos”, recrimina  Ferreira.

Otra de las criticas que está sufriendo esta construcción que beneficia directamente a la familia Obregón es la de la portavoz  Socialista, Susana Radío, que insiste en que la “ineptitud” de Ángeles Muñoz, al consolidar un viario sin la autorización del actual dueño, Promotora Uno, de la que forma parte el padre de Ana Obregón, Antonio García, le ha obligado a negociar con la empresa prometiendo el cambio de todo el equipamiento previsto por 250 viviendas.

A todo esto, hay que sumar que estos terrenos podrían haberse obtenido de forma gratuita por las compensaciones que debían hacer algunas promotoras por otras obras irregulares acometidas en el municipio. “Sin embargo, el promotor se encuentra ahora en una posición de fuerza de la que saldrán perjudicados los vecinos de Plaza de Toros”, concluye la portavoz de los socialistas.

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