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Un forero me reprochaba ayer que hablase de "insumisión judicial contra el Gobierno" porque implicaba, o lo parecía, el sometimiento al Poder Ejecutivo. Nada de eso. Pero como el riesgo existía, acepto la reprimenda. Al menos por el mal uso de un concepto equívoco. Mejor dicho, por el uso equívoco del concepto. El malentendido no debe quedar entre nosotros. Así que no hablemos de "insumisión", sino de rebelión. Rebelión de los jueces, además de los secretarios judiciales, contra un Poder Ejecutivo que, treinta años después de la refundación democrática, no ha sabido o no ha querido remediar la indigencia de medios humanos y materiales en la tarea de administrar justicia. Un servicio público como cualquier otro, pero peor dotado que cualquier otro.

Compárese el funcionamiento de los Juzgados, donde los expedientes amenazan con echar a los funcionarios por falta de espacio, con el de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Dirección de Tráfico, por ejemplo. Aquellas, las oficinas judiciales, son obsoletos museos de papel polvoriento. En éstas, donde se cobran impuestos, se pagan pensiones o se tramitan multas, aparecemos todos pinchados en el cristal líquido de un ordenador, como mariposas de colección, perfectamente clasificados y localizables en tiempo real ante el ojo de la gran computadora ¿Por qué han irrumpido las nuevas tecnologías en esos servicios públicos, y otros (Policía, Sanidad Pública, Registro de la Propiedad, Régimen Electoral, etc.),  y nunca fue posible en la Administración de Justicia?

Tuvo que entrar en los hogares españoles el horror por la muerte de la niña Mari Luz Cortés para que la opinión pública se hiciera cruces sobre el caos de las oficinas judiciales (una sentencia de cárcel incumplida porque el papel dormitaba ante la vista empapelada de un juez y una secretaria judicial) y para que los jueces encontrasen, por fin, el momento de rebelarse contra quienes tienen la obligación de dotar a los servicios judiciales de los medios necesarios para evitar casos similares, que en realidad se repiten a diario, aunque no con un desdichado resultado de muerte, como en el caso de Mari Luz.

La penuria de medios en las oficinas judiciales fue el caldo de cultivo en el que se produjo el asesinato de la niña. Y las desiguales sanciones impuestas al juez Rafael Tirado (por parte del CGPJ) y a la secretaria judicial, Juana Gálvez (por parte del Gobierno) solo fueron paliativos de la mala conciencia del Poder Ejecutivo, que sigue sin dar los pasos necesarios para aprobar su asignatura pendiente: una Administración Judicial a la medida de la España moderna que se ha ido forjando en los años de la Democracia felizmente recuperada en 1978.

En cambio el Gobierno solo supo reaccionar en clave represiva y mirando al tendido contra la secretaria judicial y contra un CGPJ supuestamente blando a la hora de sancionar al juez Tirado. Hasta el punto, en este caso, de ofrecer el lamentable espectáculo de la vicepresidenta, Fernández de la Vega, fijando públicamente la cuantía de la sanción. Fue el remate para desencadenar la protesta escenificada hoy por los jueces.

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