Por tanto, el ministro Rubalcaba y el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, no pueden hacer la vista gorda ante la asistencia de los líderes de las asociaciones de guardias civiles -asociaciones, ojo, que no sindicatos, a diferencia de la Policía Nacional- y alguna que otra pancarta inequívoca. Es palmaria la trasgresión de la vigente ley de derechos y deberes de los miembros de este Cuerpo. La ley, con menos de un año de vida, mantuvo su carácter militar, pero avanzó en materia de derechos civiles. Entre otros, se reconoce por primera vez el derecho de manifestación, sin pistola y sin uniforme, para la defensa de sus propias reivindicaciones. Las propias, atención, no las ajenas, so pena de incurrir en falta y hacerse merecedores de las sanciones previstas. En ese punto estamos.

Respecto a las reivindicaciones salariales, el Gobierno no puede aceptar, por principio, que la política retributiva de los funcionarios del Estado la marquen las comunidades autónomas. Es la reclamación central de los sindicatos policiales (salarios homologables a la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra), con el SUP a la cabeza. Tal vez el protagonismo del SUP (filosocialista, conviene recordarlo) tenga que ver con su pérdida de influencia en las últimas elecciones sindicales, frente a otros, como la CEP, más próximo al PP, que en este conflicto está manteniendo un perfil más bajo que el sindicato afín al PSOE.

Un par de datos más para acabar de descifrar ese conflicto. Primero, la tasa (porcentaje) de subida salarial media de policías y guardias civiles desde 2004 es exactamente el doble de la subida salarial media del resto de los funcionarios del Estado. Y segundo, los Presupuestos Generales para 2009 prevén un gasto de 40 millones de euros para la reclasificación de los puestos de trabajo policiales. Es en realidad una subida salarial encubierta en un momento económicamente muy difícil para las cuentas públicas.