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Parto de la base de que a mí no me parece mal que las víctimas de uno y otro bando en la Guerra Civil Española puedan recuperar los restos de sus familiares desparecidos y enterrados en fosas comunes para darles una digna sepultura en función de las creencias de cada uno. Parto de la base, también, de que durante estos treinta años se han adoptado múltiples resoluciones, leyes y decretos de reparación a las víctimas de la contienda y del franquismo, y de que muchas de estas iniciativas –al menos una docena de decretos y una ley, si no me equivoco- se aprobaron bajo gobierno del Partido Popular. Parto de la base, además, de que el Congreso de los Diputados ha condenado el franquismo en más de una ocasión, y también en al menos una de ellas estando el PP en el Gobierno. Parto de la base de que salvo algún que otro nostálgico que todavía queda por ahí, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país nos consideramos demócratas y aborrecemos todo aquello que sea expresión de totalitarismo, venga de donde venga y tenga la ideología que tenga. Tan aborrecibles son el franquismo o la dictadura de Pinochet, como lo son el castrismo o las dictaduras comunistas de Asia. Parto de la base de que en la conciencia colectiva de este país hay una indudable voluntad de que nunca más vuelva a repetirse algo como aquello. Y, sin embargo, parece que junto a los nostálgicos del franquismo también alimentan su odio los nostálgicos de la confrontación.

La lógica, toda vez que en 1978 los españoles decidimos pasar página, dice que mejor sería no volver a reabrir heridas y remover recuerdos que pueden llevar a nuevos enfrentamientos. Esa es la lógica, no de un bando o de otro, sino de quienes hemos superado aquel conflicto, primero porque nos queda muy lejos y, segundo, porque por principios nos sentimos equidistantes de unos y de otros, de quienes sienten nostalgia de la dictadura y de quienes la sienten por los años oscuros de la República y la represión comunista. No hay un español en cuyo haber no se encuentre un represaliado de uno u otro bando, y en muchos casos de los dos: qué harán las hijas de Rodríguez, cuyos abuelos son el paradigma de aquella España enfrentada… ¿suicidarse? Estúpido, ¿verdad? Sin embargo, y a pesar de que por razones de convivencia, de supervivencia democrática, lo aconsejable sería pasar definitivamente esa página –sin olvidarla, porque el olvido es la antesala a la repetición del error- y guardarla en la memoria, el juez Baltasar Garzón ha decidido que no se queda tranquilo si no nos toca a todos un poco las narices –por no decir otro lugar un poco más abajo-, y se ha declarado competente para juzgar los crímenes del franquismo y condenar a los culpables. ¡Qué bien! Por fin, vamos a meter a Franco en la cárcel. Ya me imagino a Garzón, acompañado de Bermejo, camino del hangar donde hayan guardado la estatua que hace poco quitaron con nocturnidad y acojone de la puerta de Nuevos Ministerios para conminar al general a que baje del caballo y les acompañe a comisaría para tomarle declaración.

Ya no es una cuestión de lo absurdo que resulta juzgar a los muertos… Qué va a hacer Garzón, ¿enviar un requerimiento a San Pedro para que libere a los militares golpistas del 36 allí donde estén, cielo, infierno o purgatorio, para que puedan ser llevados a la Audiencia Nacional? Garzón es un personaje absolutamente nocivo para la justicia, un juez prevaricador e inepto, cuyas instrucciones dejan mucho que desear, al que los tribunales siempre enmiendan la plana, y que deja la Justicia hundida en el pozo de la inmundicia. Como no pudo con un dictador vivo –Pinochet- ha decidido que uno muerto no podrá causarle problemas. Muy bien, qué esperamos de su juicio sumarísimo al franquismo, ¿una condena por represión y crimen contra la humanidad? Seguramente tenga motivos para ello pero, ¿por qué no empieza por hacer lo mismo con quienes a día de hoy violan todas las leyes y los derechos humanos, como Castro? ¿O es que, para eso, no hay un par? Lo que hace este hombre, además de haber violado la regla sagrada de la independencia judicial y sepultado la neutralidad que se supone a cualquier magistrado es un favor político impagable a Rodríguez, y a sí mismo, en la medida que es incapaz de estar más de una semana sin salir en los medios. Insisto en algo que he dicho más veces: el CGPJ debería abrirle un expediente, sino por prevaricación, sí al menos por inmoral y maltratador (de la Justicia, se entiende).

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