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Curioso, muy curioso, el papel de las cajas de ahorros en el entramado financiero español. Para la mayoría de los ciudadanos -no hay más ver que ver los foros de este diario-  las cajas se presentan todavía como entidades financieras de carácter público. Hay, incluso, quien las confunde con la banca oficial, como si fueran lo mismo. Es evidente que la ‘verdad’ de los lectores de El Confidencial no corresponde necesariamente con la verdad demoscópica, pero sorprende la identificación de las cajas con la cosa pública.

Es probable que esta consideración tenga que ver con el hecho de que detrás de muchos de sus órganos rectores –asamblea general o consejos de administración- se dibuje siempre la impronta de la clase política de turno, lo que provoca confusión. Se suele establecer un cierto mimetismo entre lo público y la actividad de los políticos. Pero nada más lejos de la verdad. El error es natural y obedece al peculiar sistema de propiedad de las cajas, que son entidades mercantiles de derecho privado –lo que hace que su gestión se haya profesionalizado con criterios de rentabilidad económica- pero, a la vez, mantienen un componente ‘altruista’ a través de la Obra Social, que en 2007 se gastó 1.824 millones, casi el 18% de sus beneficios.

Por decirlo de una manera clara: funcionan como empresas privadas (desde luego no regalan nada a los depositantes o a quienes piden un crédito para comprarse una casa), pero en el día a día la clase política tiene gran predicamento, como es algo más que obvio y notorio. Sin embargo, la inclusión de las cajas como parte del sector público no es solamente un ejercicio intelectual poco riguroso, sino que, en algunos casos, es simplemente falso.

La Caixa, por suscripción popular

No estaría de más recordar que una firma  tan emblemática como la Caixa, la tercera entidad financiera del país, nació de una suscripción popular que organizó la burguesía catalana en 1904 tras la huelga general convocada en Barcelona dos años antes, y que concluyó con catorce obreros muertos. Los empresarios catalanes (respaldados por Alfonso XIII –incluso con su propio peculio-) temían una revuelta de incalculables consecuencias, y por eso organizaron una cuestación para atender las necesidades de los más pobres. La Caixa es, por lo tanto, al contrario que otras entidades como Caja Madrid, una entidad que nació siendo privada y que sigue siéndolo, aunque jurídicamente –como el resto de cajas- se instrumente a través de una Fundación. Esto no es óbice para que la Caixa forme parte del proceso de construcción identitatario, el viejo objetivo del nacionalismo catalán, lo que puede explicar esa imagen de corporación ‘pública’ que tiene para muchos ciudadanos.

El propio nacimiento de las cajas de ahorros se vincula, de manera ciertamente equivocada, a la vocación altruista de la Iglesia, pero nada más lejos de la realidad, salvo el caso aislado del Monte de Piedad de Madrid, la actual Caja Madrid.

No estará de más recordar el decreto fundacional de las cajas que firmó Diego Medrano en 1835, en los albores de la economía liberal. “Algunos pueblos cultos” -sostiene el ministro del Interior de Isabel II- “han sustituido ventajosamente a los medios adoptados antes para establecer la moral y mejorar la condición de las clases industriosas ciertas cajas de ahorro, donde el menestral, el jornalero y todo hombre laborioso puede depositar sumas muy tenues bajo la confianza de obtener un rédito proporcionado, de capitalizar los intereses en cortos periodos, y de realizar sus fondos en todo tiempo”.

“Cuando semejantes instituciones prestan garantías seguras”, continúa Medrano, “contribuyen en gran manera a propagar el espíritu de economía, y con él la propensión al trabajo; a desterrar los vicios, y con ellos las enfermedades y delitos de que son gérmenes; a unir al hombre a su profesión, puesto que ella le proporciona, no sólo su presente subsistencia, sino esperanzas lisonjeras para lo futuro; y por último, a inspirarle amor al orden público, porque de él depende el goce estable del fruto de sus tareas”.

Menesterosos y jornaleros

¿Cumplen hoy esa función las cajas? ¿Ayudan al menesteroso y al jornalero de nuestros días? No estoy convencido de que eso ocurra. Todo lo contrario. Las cajas de ahorros han sido durante años un negocio floreciente gracias a su proximidad con el ahorrador, con  el depositante. Sobre la base de una presencia territorial inigualable. Cualquier entidad financiera extranjera, si quería competir en España, tendría que tener un despliegue similar por la ancha geografía hispana, algo inimaginable en los tiempos actuales. Esta circunstancia ha hecho a las cajas inmunes a la competencia, por lo que su cuota de mercado, como no podía ser de otra manera, no ha dejado de crecer, en coherencia con el desarrollo económico de este país. Por decirlo de una manera directa, el monopolio del pequeño ahorrador ha hecho engordar su cuenta de resultados, hasta el punto de que en muchos segmentos del sistema financiero no solamente le han hecho frente a la banca tradicional, sino que le han desbancado, y nunca mejor dicho.

Así se explica que la cajas de ahorros no hayan dejado de crecer en estos últimos años, pero sobre la base de un modelo de negocio que ya se ha agotado. La capacidad de endeudamiento de los hogares ha tocado techo y su exposición al riesgo inmobiliario es algo más que una temeridad, lo que pone de manifiesto su debilidad estratégica. Pero es que, además, los jamones que tenían que en la despensa para ir tirando en tiempos de crisis -en forma de inversiones industriales en Bolsa- están ya a punto de enseñar el hueso, lo que da idea de que la fiesta no da para más. Evidentemente, no en todos los casos, pero si en muchos otros.

Es, por lo tanto, el momento de replantearse para que sirve una parte del sistema financiero que se ha dejado llevar en la mayoría de los casos por la influencia de la clase política de turno, lo que explica su enorme exposición al riesgo inmobiliario. Pero que tampoco ofrece soluciones a los ciudadanos y empresas mediante una apuesta decidida por la inversión en actividades realmente productivas, pese a la manifiesta profesionalidad de muchos de sus directivos. No parece que su loable esfuerzo por mantener la Obra Social justifique su existencia en los términos actuales, por lo que parece obvio que su estatus jurídico debe cambiar, aunque sólo sea para recuperar en parte el espíritu de Diego Medrano.

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