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Francesc de Carreras y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

La manifestación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según la cual “respetaré el Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña”, cada día está más cerca de ser una promesa incumplida. Si nada lo impide, el Tribunal Constitucional recortará sustancialmente el texto estatutario catalán en la sentencia que podría estar lista entre diciembre y enero.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, ha desgranado para El Confidencial aquellos artículos que considera que el alto tribunal declarará inconstitucionales, por salirse del marco de la Constitución española. De Carreras aclara que “hay dos formas de declarar la inconstitucionalidad. Bien de forma directa, declarando nulo un artículo y por lo tanto expulsándolo del Estatuto o bien interpretándolo. Esto significa que sólo una interpretación del artículo en los términos plasmados por el Constitucional será válida según la Constitución, ninguna otra”.

Una vez sentadas las bases de su análisis, De Carreras, que conoce este Estatuto al dedillo, señala como primer punto de inconstitucionalidad el preámbulo y el título preliminar. “No caben la mención a los Derechos Históricos, tampoco las afirmaciones que sientan los principios de la lengua catalana ni el que dice que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña”.

La obligatoriedad de vehicular la enseñanza en catalán

Bajo el epígrafe de ‘la lengua propia y las lenguas oficiales’, el artículo 6 del título preliminar queda resuelto como sigue: “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente empleada como vehicular de aprendizaje en la enseñanza. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano que es la lengua oficial del Estado español”.

Con el artículo desmenuzado, De Carreras afirma que “los derechos lingüísticos sustanciales recogidos en este texto son inconstitucionales, así como, los derechos a la disponibilidad lingüística y los que hacen referencia al ámbito de la enseñanza”.

De Carreras se adentra en el Estatuto para reflexionar sobre el capítulo de Derechos y Libertades de los catalanes. Para el catedrático está claro que “hay que establecer unos límites de eficacia porque en el actual redactado no quedan claros. Debe verse si esta declaración de derechos son principios fundamentales de los ciudadanos o objetivos políticos”. Para el profesor De Carreras es sencillo: “En un Estatuto no caben derechos porque no son alegables delante de un tribunal”. 

No es viable la exclusión del Defensor del Pueblo

El Estatuto también dedica una parte al Consejo de Garantías Estatutarias y a excluir los derechos del Defensor del Pueblo en Cataluña, que queda a todos los efectos sustituido por un defensor propio, el Síndic de Greuges. Para De Carreras ambos preceptos quedarán modificados. Sufrirán la misma suerte los artículos referentes al Poder Judicial y a las competencias exclusivas. “Creo que usarán criterios idénticas, para las competencias atribuidas para Cataluña de forma exclusiva que se utilizaron para la LOPA (Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos)”. En el mismo sentido, afirma que “los magistrados deben estar muy liados estudiando cada una de las competencias que han quedado recogidas en más de 90 artículos. Es necesario analizarlas una a una porque estoy convencido que muchas no se adecuan a la Constitución”.

Respecto a las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, De Carreras sentencia que “hay que interpretarlas porque el Gobierno catalán no puede controlar las actuaciones del Estado a través del Estatuto. No tiene ningún sentido”. Lo mismo ocurre con el hueso de este texto, y bandera de todas las reclamaciones desde Cataluña, la financiación porque “la Generalitat impone al Gobierno central su forma de relacionarse con el resto de las comunidades. Se establece una relación bilateral que no tiene cabida”.

Descarta elecciones anticipadas

Ante lo visto, para el catedrático las siete sentencias que deben salir de los siete recursos interpuestos al Estatuto configurarán “la sentencia más larga de la historia”. El Tribunal Constitucional, “en lo que creo que es un error”, no ha querido acumular los recursos sino que dictará sentencia para cada uno de ellos, aunque De Carreras tiene claro que “debemos estar atentos a las del PP y el Defensor del Pueblo porque por su extensión y número de artículos impugnados serán las que decidirán cómo debe ser el Estatuto de Cataluña”.

Al catedrático De Carreras le consta que desde antes del verano el ritmo de trabajo del Tribunal Constitucional es “relativamente rápido” por lo que considera que “podría haber sentencia entre diciembre y enero”. Aunque contempla la posibilidad de que se alargue hasta verano “si hay cambios en el Tribunal, porque entonces los nuevos magistrados, y me parece lo más normal, querrán decir la suya sobre este asunto”.

En Cataluña corre la idea de que sí el Tribunal Constitucional recorta sustancialmente el Estatuto, el Tripartito de José Montilla no aguantaría la presión y debería convocar elecciones anticipadas, una opción que De Carreras descarta de raíz. “Sin duda habrá un sinnúmero de quejas a nivel oficial, pero no creo que haya elecciones porque la mayoría de los ciudadanos no vive pendiente de la sentencia del Constitucional. Este es un tema que sólo interesa a la clase política y no a la ciudadanía, como ya demostraron en la aprobación de este nuevo estatuto”.

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