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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975). El juez considera que los delitos cometidos en esos años son constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, lo que, según él, encaja en el contexto de 'crímenes contra la humanidad', tal y como estableció el Tribunal Supremo al condenar al ex militar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.

Esta es una de las medidas acordadas por el juez en el auto de 68 folios en el que se declara competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos, de los que reconoce que su suplicio "ha sido permanente porque no supieron si las víctimas" estaban vivas o muertas, "lo que les convierte asimismo en víctimas".

Garzón enmarca la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos, "nunca investigados" por la Justicia española y que además encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el de detención forzada, que permanece en el tiempo, como ocurre con las desapariciones de Publio Cordón y Santiago Corella, "el Nani", cuyos cuerpos no han sido encontrados.

Según el juez, "el alzamiento o insurrección armada" del 18 de julio de 1936 "fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidad en los altos organismos de la Nación", eliminación de personas que "continuó, en mayor o menor medida", al acabar la guerra.

Como ejemplo de ello, expone, entre otros indicios, unas declaraciones del dictador Francisco Franco a un periodista del 'Chicago Daily Tribune' el 27 de julio de 1936 en las que aseguraba que su batalla era contra un bando que luchaba "contra España" y que seguiría adelante "a cualquier precio" y, al decirle el redactor que para ello tendría que "matar a media España", el general responde: "he dicho que al precio que sea".

Franco, uno de los responsables

Por ello, apunta como responsables de estos hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, desde el dictador Francisco Franco a Francisco Regalado, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.

También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre 1951 y, una vez identificados, acordara lo necesario sobre la imputación o extinción de responsabilidad en caso de fallecimiento. Todo, "sin perjuicio de que existan otros responsables no identificados que junto con la estructura dirigente hubieran participado en la ideación y desarrollo de este plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo, y de que puedan existir personas concretas vivas que pudieran haber cometido hechos" particulares que "deban ser objeto de investigación separada en casa caso".

Garzón asegura que investigará "con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron" violación de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase". No obstante, el auto señala que "un examen imparcial y sereno de los hechos nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados".

La investigación -destaca- se limita a "la desaparición forzada de personas" y "no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil" porque ello "supondría la formación de una especie de causa general" que, puntualiza, ya se formó recién acabada la guerra.

Entre las fosas que el juez permite abrir, mediante "los exhortos correspondientes a los juzgados territorialmente competentes", destaca la de Víznar en Granada en la que está enterrado Federico García Lorca y de la que una de las denunciantes ha pedido que se exhume el cuerpo de su abuelo, Dióscoro Galindo.

En total, las fosas a las que afecta esta medida se encuentran, además de en Granada (Víznar y Alfacar), en Córdoba, Toledo (Parrillas), Burgos (Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte) y León (La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo ). También se procederá a la apertura de las fosas de La Palma del Condado, Bonares y Niebla (todas en Huelva), Fuerte San Cristóbal y La Serna (Madrid).

Para facilitar la labor de las exhumaciones, el juez ha creado un grupo de siete expertos (cinco propuestos por las partes y dos por el juzgado) para que elaboren un informe con el número total de víctimas, que según las asociaciones suman más de 133.000, y otro grupo de Policía Judicial, con un jefe y 9 funcionaros con competencia en toda España, para colaborar con los expertos. Ambos grupos deberán coordinarse con los juzgados territoriales a los que corresponderá acordar la apertura de las fosas "para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado" al juzgado de Garzón.

La Fiscalía recurrirá

Por su parte, la Fiscalía ya anunció también que recurrirá esta decisión, que podría llegar a ser revisada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al entender que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos. Para la Fiscalía, que cree que los delitos han prescrito en virtud de Ley de Amnistía (1977), las exhumaciones ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica y los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales, ya que el concepto de crímenes contra la humanidad que Garzón esgrime para declararse competente, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945 y no tiene efectos retroactivos.

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