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Frenética agenda del Gobierno para articular las dos grandes medidas destinadas a inyectar liquidez en el sistema financiero y proteger el ahorro popular. Tanto en el plano político como en el técnico, procede reconocer que la explicación de las decisiones anunciadas por Rodríguez Zapatero a última hora del martes se está llevando a cabo de modo transparente en contacto con todos los agentes implicados.

Ayer, explicaciones personales a los banqueros por parte del vicepresidente Solbes, que no estuvo en la reunión del lunes en Moncloa. También ayer, explicaciones personales al ex ministro Cristóbal Montoro, responsable de asuntos económicos del PP. Hoy, ambos encabezarán la reunión conjunta de los equipos respectivos para preparar la de Zapatero-Rajoy. Y mañana, un Consejo de Ministros para legalizar el despliegue de las dos medidas: hasta 100.000 euros de mínimo en depósito garantizado por persona y entidad, por un lado, y hasta 50.000 millones de euros en apoyo a la banca, por otro.

¿Apoyo a la banca? Es comprensible que el sentido común se rebele contra la idea de unos banqueros pedigüeños y socorridos por el dinero público, en la estela de lo ocurrido en EE. UU ante una medida similar. Pero hay muchas diferencias. Cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se derivan de la diferencias de escala entre el gigante americano y una economía periférica como la nuestra. Las cualitativas se centran en la solvencia de los activos que el Tesoro Público compra, de dudoso cobro en el caso americano y con la máxima calificación de solvencia internacional en el caso español.

Como muy bien se está explicando en estas últimas horas, y en eso no hay disputa, en los bancos y cajas de ahorro en España no falta solvencia sino liquidez. Tienen activos sanos (básicamente, hipotecas, para entendernos) pero no tienen dinero en la caja a causa de la sequía internacional. La sequía provoca a su vez ausencia de demanda sobre dichos activos hipotecarios, con efectos inmediatos en una falta de liquidez que finalmente perjudica a empresas y a familias, con evidente impacto en la llamada economía real. Y ahí es donde aparece la disposición del Estado a comprar los activos con cargo a deuda pública, cuya tasa (ahora en el 37 %) es más llevadera que en otros países, empezando por la de Estados Unidos.

Por tanto, la solvencia del sistema bancario en España permite aplicar con más propiedad el argumento esgrimido la semana pasada por los patrocinadores del plan Bush -rescate de activos tóxicos con un fondo de dinero público de hasta 700.000 millones de dólares-, respondiendo a quienes les acusaban de acudir en ayuda de los banqueros. Los Paulson, Bernanke y Cox, impulsores del plan aprobado por el Congreso norteamericano, dicen que no se trata de salvar a los banqueros sino de proteger los ahorros de los ciudadanos. Aplicándonos el cuento, resulta que si en España persistiera la falta de liquidez tampoco iría muy lejos la subida del umbral mínimo de garantía hasta los 100.000 euros.

Por eso resulta que ayudar a los banqueros y proteger el ahorro de los ciudadanos viene a ser lo mismo a la hora de poner a trabajar el dinero de los contribuyentes. Y así parecen estar entendiéndolo todos. Incluido el principal partido de la oposición, que sólo se ha quejado, seguramente con razón, de no haber tenido una mejor información sobre la forma en que se han ido gestando las decisiones que mañana tomarán forma legal en la reunión del Consejo de Ministros, con posterior comparecencia del vicepresidente Solbes.

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