Miércoles, 8 de octubre de 2008

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La nueva Ley de Ciencia que prepara el Gobierno permitirá a los investigadores trabajar a tiempo parcial en el sistema público para poder integrarse en el sector privado, según recoge el primer documento sobre la norma elaborado por el Grupo de Expertos designado por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

De este modo, se pretende promover la contratación a tiempo parcial, con reducción proporcional y de las retribuciones, eliminando la 'dedicación' en la evaluación de méritos (que debe hacerse solamente por méritos y resultados, con independencia de las situaciones administrativas). "El objetivo es favorecer la colaboración público-privada, facilitando la movilidad de los científicos y tecnólogos en ambos sistemas", dijo el secretario General de Política Científica y Tecnógica, Fernando Labastida.

Por este motivo, también se plantea la reducción de incompatibilidades para la implicación de empleados públicos en actividades empresariales, eliminando el máximo del 10 por ciento de participación en el capital de sociedades en situaciones determinadas.

El texto desarrolla en cinco bloques los principios fundamentales de la legislación: modelo, instrumentos, coordinación, planificación e internacionalización; I+D en el sector público; I+D en las empresas; transferencia de conocimiento y colaboración público-privada; y ética, asesoramiento experto, publicación en acceso abierto, cultura científica y cooperación al desarrollo.

I+D empresarial

A juicio de Labastida, el "hecho diferencial" entre la futura normativa, que previsiblemente entrará en vigor en 2010, y la de 1986, es la apuesta por la mejora de la investigación y la tecnología empresarial, así como el fortalecimiento de su relación con el sistema público. Igualmente, destacó la necesidad de reflejar la colaboración entre administración central y autonómica y la integración con la UE. "La norma tiene que establecer mecanismos que faciliten la colaboración con otros países europeos", aseguró.

Para promover la I+D+i en el sector privado, se prevé facilitar el acceso de las empresas a la financiación pública y atraer recursos a través de incentivos fiscales, legislaciones "estimulantes" al capital-riesgo y creación de nuevas figuras societarias. Junto a ello, se regulará la inmigración para promover la incorporación de investigadores y se agilizará el reconocimiento profesional.

También se simplificarán procedimientos, se revisará la regulación de creación de empresas tecnológicamente intensivas y se facilitará el acceso a la investigación pública, promoviendo igualmente la internacionalización. En materia de transferencia de conocimiento, la nueva Ley debe definir la finalidad de la regulación sobre protección, gestión, transferencia y reconocimiento de la protección y transferencia de los resultados de las actividades de I+D.

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