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¿Se ha reunido Magdalena Álvarez con grupos externos de interés? ¿Ha firmado IFEMA contratos con la empresa Sacyr? ¿Cuántos soldados han sufrido amputaciones o han sido dados de baja médica como resultado de algún accidente ocurrido en Irak y Afganistán desde 2001?... Son preguntas reales que distintos ciudadanos han dirigido a la Administración, todas con idéntica respuesta: no se sabe o no se puede contestar. España es, de momento, uno de los pocos países europeos que no cuenta aún con una ley específica que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Pero la situación puede cambiar pronto si el Gobierno promueve en esta legislatura, tal y como anunció ayer José Luis Rodríguez Zapatero, una ley que garantice el derecho de acceso de los ciudadanos.

El presidente, que ayer clausuró la 64 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), da así respuesta a una de las peticiones más reiteradas por periodistas y propietarios de medios de comunicación, que han reclamado una norma que regule el libre acceso a los archivos y registros administrativos en manos de las autoridades. El objetivo final, un gobierno más trasparente y con menos secretos oficiales. Algo que suena, a priori, utópico en un país en el que cada vez con más frecuencia los políticos no aceptan preguntas en sus comparecencias ante la prensa.

Zapatero no aportó más detalles sobre la futura ley, que tendría que cambiar una situación actual en la que el ciudadano se encuentra con una auténtica “carrera de obstáculos”. El informe “Cuando lo público no es público”, señala que la legislación española “lo pone fácil para que toda institución pública que no quiera proporcionar cierta información o documento encuentre motivos con fundamento legal para negarse. Sin necesidad de una gran creatividad, la Administración afectada no tiene más que dirigirse a la ley del procedimiento administrativo actual, que en ningún momento parece haber sido pensada para facilitar el acceso a la información pública por todo aquel que lo desee, sino que, muy al contrario, podría parecer incluso, dada su redacción, que hubiera sido concebida para dificultarlo”.

Eva Moraga, abogada de Acces Info Europe y autora del informe, señala que la nueva ley “llega después de mucho trabajo”. Opina además que el texto deberá adecuarse a los principios internacionales que existen al respecto. Principalmente, que toda la información pública es accesible, salvo si afecta a la privacidad o a la seguridad nacional. “Y aún en este supuesto, si existe un interés general, debe prevalecer el derecho de acceso”, añade. Para ello, la solución pasaría también por la creación de una agencia o un comisionado de acceso a la información que debería determinar cuándo algo puede ser difundido o no por la Administración.

Defensa, el ministerio más opaco

De todos los ministerios, el más opaco es el de Defensa que dirige la ministra Carme Chacón. No facilita información de ninguna clase y alega que no está previsto en la ley que este tipo de datos se pueda facilitar y no explica el porqué.  De hecho, el año pasado, un ciudadano formuló cuatro peticiones de información diversa, todas con idéntica respuesta. Todo lo contrario que lo que ocurre en el ministerio de Defensa Británico, un país en donde el derecho de acceso sí está regulado, y en donde el Gobierno se ve obligado incluso a difundir las actas de las reuniones en las que el ex primer ministro, Tony Blair, decidió sumarse a la invasión de Iraq.

Pero la situación no difiere mucho en otros departamentos del Gobierno de Zapatero, según el resumen elaborado por Moraga. El ministerio de Cultura, por ejemplo, se niega a dar información sobre cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del canon, el de Justicia no facilita información sobre los inmuebles que tiene arrendados, como arrendatario en la comunidad de Madrid, mientras que Interior no responde a la pregunta de cuántas personas han sido expulsadas del territorio español por “ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”.

Y es que, tal y como reflejan los datos, en el último año, el 78% de las solicitudes de información elevadas a la Administración no recibieron la respuesta esperada. En el 35% de los casos, se produjo un silencio administrativo, mientras que en el 43% la respuesta no daba la información solicitada. Una carrera de obstáculos que Zapatero se comprometió ayer a regular. El tiempo dirá si la promesa queda o no en un brindis al sol.

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