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Aguirre y el consejero de Sanidad, Juan José Güemes (EFE).

De puro “cinismo” han calificado en el Gobierno regional de Madrid la carta que el sindicato UGT ha enviado a sus afiliados del sector de la función pública. El mismo sindicato que no se cansa de criticar al Ejecutivo de Esperanza Aguirre por haber, dicen, privatizado la sanidad pública, le exige al mismo Gobierno regional que mantenga la sanidad privada para los funcionarios públicos que los Presupuestos del Estado ha dejado de financiar por culpa de la crisis.

Sanidad privada sí, pero solo para unos pocos elegidos, o al menos así deben entender las cosas en la UGT. La carta explica que los Presupuestos para 2009 suprimen la colaboración que hasta ahora venía manteniendo el Estado en la prestación de la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal a través de entidades colaboradoras, es decir, seguros privados de asistencia de todos conocidos. Por supuesto, UGT justifica al Gobierno central pero, de inmediato, exige a la CAM que restablezca este ‘derecho’.

De hecho, la carta va más allá y no solo reclaman que no se suprima el derecho a esta sanidad privada, sino que abiertamente rechazan la posibilidad de que los empleados públicos tengan que acogerse “al sistema general, por una decisión política, como agravante de la asistencia que presta el Sistema Madrileño de Salud (SMS), a día de hoy sumida ya en un problema de gestión”. Toda una declaración de principios sobre las

bondades de la sanidad pública.

Con el fin de evitar que los empleados públicos tengan que acogerse al sistema general, UGT exige al consejero de Economía, Antonio Beteta, y al vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que negocien cuanto antes una solución para que el Gobierno regional siga ofreciendo atención sanitaria privada a los empleados públicos.

Pero la excusa no puede ser más peregrina: según UGT, esto debe ser así para evitar que “no retroceda ni empeore en términos de eficacia y calidad la prestación sanitaria a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid acogidos al régimen de colaboración y tampoco se deteriore la situación de los ciudadanos y ciudadanas que reciben la atención sanitaria del SMS”.

Fuentes del Gobierno regional denuncian la doble vara de medir de los sindicatos: por un lado critican la supuesta privatización de la sanidad en Madrid, pèro por otro exigen a Aguirre que mantenga la sanidad privada para los funcionarios. Estas fuentes recuerdan que en ningún caso la Comunidad de Madrid ha privatizado la sanidad pública, pero esta carta de UGT pone de manifiesto la demagogía con la que actúan los sindicatos.

Más allá de privatizar el servicio sanitario, la CAM ha construido en una legislatura y ha puesto en funcionamiento ocho hospitales públicos, 56 centros de salud, 2.800 camas y ha contratado a dos mil médicos. Por contra, en Comunidades gobernadas por el PSOE, como la de Andalucía, el presidente Manuel Chaves, en 18 años, ha construido dos hospitales generales. Uno, el Costa del Sol, tiene el mismo sistema de funcionamiento que los puestos en marcha por la CAM: servicio sanitario público y gestión privada.

La pregunta que se hacen las fuentes del Gobierno regional es “por qué motivo los sindicatos, que se han convertido en la subcontrata del PSOE para hacer la oposición que son incapaces de hacer en Madrid, atacan a los miembros del gobierno regional con el pretexto de defender la sanidad pública y, sin embargo, defienden con uñas y dientes el modelo privado para ellos”.

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