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Artur Mas saluda a Montilla, ayer en el Parlament (EFE).

Las fuerzas que apoyan al gobierno de la Generalitat y CiU han pactado, tras jornadas de intensa negociación e incertidumbre hasta el último minuto, una propuesta de resolución que sienta las bases para una futura propuesta más detallada sobre financiación, aunque no predetermina aún una cifra final de dinero. Los negociadores de uno y otro lado han apurado hasta el último momento las conversaciones, y para ello han tenido que pedir hasta cinco prórrogas del plazo límite para presentar en el Parlamento catalán propuestas de resolución al debate de política general, antes de que se voten a las 12.00 horas de hoy.

A las 10.30 horas han comparecido en la sala de prensa del Parlament los forjadores del acuerdo para explicar los detalles: Martí Carnicer (PSC), Antoni Soy (ERC) y Joan Boada (ICV-EUiA), por parte del tripartito, y Francesc Homs, Antoni Fernández Teixidó y Antoni Castellà, por CiU.

El acuerdo parlamentario, muy ceñido a la letra del Estatut, deja claro que no es el pacto catalán definitivo y "constata la necesidad de avanzar en un acuerdo que exprese la unidad de todas las fuerzas políticas, como reclama la sociedad catalana, en la propuesta que la Generalitat tiene que negociar con el Gobierno del Estado".

El pacto alcanzado no incluye la cifra final del dinero adicional que se pretende que reciba Cataluña con la nueva financiación, pero sí supera otro de los escollos de la negociación: la aplicación de la nueva cesta catalana de impuestos que recoge el Estatuto y que prevé que la Generalitat gestione el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. CiU exigía que el rendimiento de la cesta de impuestos prevista por el Estatuto ya se aplique de manera íntegra a partir de 2009, un punto que bloqueó hasta el último momento el acuerdo.

Finalmente, el texto pactado sustituye la referencia a la aplicación "íntegra" por otra fórmula similar: "Los recursos de las finanzas de la Generalitat en el ejercicio 2009 deben incluir el rendimiento completo de todos los tributos estatales cedidos". La propuesta establece que Cataluña debe "continuar siendo solidaria" para que las comunidades con menos recursos "puedan prestar sus servicios públicos esenciales en condiciones similares al resto, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar".

No obstante, a continuación el texto deja claro que la aportación solidaria no debe alterar el llamado "principio de ordinalidad", es decir, que la solidaridad no puede hacer perder a Cataluña puestos en el ránking de renta per cápita de las comunidades. Además, el texto señala que la variable básica para distribuir los recursos nivelados debe ser la población, teniendo en cuenta las "variables contempladas en el Estatuto".

El texto avala la creación de un consorcio paritario entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña, que pueda "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos cedidos a Cataluña". Se pide que la Generalitat constituya la denominada "ventanilla única", y se apela también al "principio de lealtad institucional" para que el Estado compense a la Generalitat por las decisiones que comporten mayor gasto o un menor ingreso a cargo de Cataluña.

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