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Mercedes Cabrera, ayer, en el Congreso. (Efe)

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, aseguró ayer que, 21 meses después de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, desconoce el número de personas que hasta la fecha han recibido alguna tipo de las ayudas previstas. Interpelada el Congreso por los diputados Lourdes Méndez (PP) y Carles Campuzano (CiU), Cabrera afirmó que la información relativa al número de beneficiarios que ya han comenzado a recibir prestaciones está en manos de las comunidades autónomas, y que éstas no la han trasladado al Ministerio.

Los últimos datos de los que dispone el Gobierno sólo indican el número de personas a las que se les ha reconocido el derecho a la prestación, pero no cuántas han comenzado a recibirla. De acuerdo con en el Ministerio, hasta ahora han sido reconocidas como beneficiarias 368.932 personas en toda España de las 596.232 que lo solicitaron.

Esta sorprendente falta de coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central está siendo uno de los principales problemas para el desarrollo de la Ley de Dependencia. Cabrera reclamó ayer “lealtad” a los gobiernos autonómicos para que aclaren cuánto presupuesto han dedicado específicamente al despliegue de la ley, y por qué algunas comunidades han detectado menos dependientes severos de lo esperado. Los últimos datos de los que dispone el Ministerio sólo indican que en toda España 596.232 personas han solicitado ser reconocidas como dependientes, de las que a 368.935 les han reconocido

La ausencia de información le sirvió a Cabrera de argumento para rechazar que exista un problema de financiación, ya que, a su juicio, antes de aportar más dinero hay que conocer el valor de los servicios. Así, aunque matizó que no pretende enfrentar a las comunidades con el Estado, advirtió que si éstas no aportan todos los datos “se pone en peligro el futuro del sistema” de atención a la dependencia.

No obstante, las comunidades autónomas también tienen reproches para el Gobierno central. La mayor parte del dinero que se necesita para atender a las cientos de miles de personas que se han acogido a este nuevo derecho proviene de las arcas autonómicas, y sólo una pequeña parte de la Administración General del Estado. Como ejemplo, para un beneficiario con en el máximo nivel de dependencia (llamado Grado III, Nivel 2), el Ministerio garantiza 258,75 euros de los 811,98 que tiene derecho a percibir.

1.158 millones para 2009 

Precisamente, Cabrera compareció ayer en el Parlamento a petición de todos los grupos de la oposición, a excepción del PNV, para dar explicaciones sobre unas declaraciones realizadas en julio, en que, según los medios de comunicación, afirmó que la crisis económica podría influir en el despliegue de la Ley de Dependencia. La ministra negó este punto y anunció que la inversión recogida en los Presupuestos Generales del Estado para esta ley aumentaría un 33% con respecto a 2008, situándose en los 1.158 millones.

Con este incremento, el Ministerio cumple con la memoria económica de la ley, que prevé un mínimo de 979 millones para dependencia en 2009. Sin embargo, Méndez consideró escasa esta partida y reprochó a Cabrera la “excesiva responsabilidad” que recae sobre comunidades y ayuntamientos a la hora de sufragar la ley. En este sentido, Campuzano criticó que la previsión del texto legal no se adecua a los costes reales de los servicios, como las plazas en residencias o la prestación de asistencia personalizada.

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