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Ante la actualidad económica mundial y española no puedo dejar de pensar en uno de los famosos cuentos del danés Andersen, El traje nuevo del emperador. La única ambición del emperador era la de estar siempre bien vestido y mostrar sus riquezas a través de sus atuendos. De esta forma sucumbió a la tentación de unos tejedores extranjeros que le aseguraron diseñar los trajes más elegantes y ricos con una tela que tenía la cualidad mágica de ser invisible a los ojos de las personas no aptas para sus cargos o estúpidas. Pensaba el emperador que con ese traje podría distinguir a los tontos de los inteligentes y a los aptos de los ineptos. Pero se encontró con que, aunque nadie veía el traje, todos decían que era precioso. Incluido el optimista emperador, atrapado en su mentira. Mientras los sastres se enriquecían, la estafa se propagaba y consentía, desde los cortesanos hasta el pueblo llano, pasando por el Consejo, pues nadie quería ser considerado inútil o tonto.

El engaño colectivo se rompió cuando un niño inocente gritó que el emperador no llevaba traje y se paseaba desnudo. Por fin, todo el pueblo veía la desnudez del emperador, pero éste, engreído y arrogante, y su séquito, aun conociendo la verdad, continuaron paseando porque había que aguantar hasta el final.

¡Cuánto nos cuesta reconocer lo que pasa! Y es que el preámbulo de esta crisis ha durado mucho. Incluso en EEUU. En los modelos de crecimiento rápido y especulativo, basados, en mayor o menor medida, en la economía del ladrillo, crisis inmobiliaria, crisis financiera y crisis económica generalizada son tres fases de una secuencia. A la crisis inmobiliaria sigue una crisis financiera y como ésta reduce la disponibilidad de crédito necesario para sostener la actividad de la economía, a la crisis financiera sigue una crisis económica generalizada. En USA, antes de agosto de 2007, llevaban dos años con una gran crisis en el mercado de la vivienda. En España, desde 2004, los indicadores económicos, casi todos, cada vez crecían menos. Y los de la vivienda, alcanzaron su punto más álgido, en el primer semestre de 2004. A partir de esa fecha empezaron a desacelerarse.

Y las consecuencias de estas crisis las estamos pagando ahora. Actualmente estamos asistiendo a un interesante e interesado debate sobre el libre mercado y la intervención pública en el mismo. En el caso estadounidense, que, mutatis mutandi, es el español, el debate se centra, en gran parte, en si se debe o no rescatar con fondos públicos a entidades privadas en quiebra, es decir, si se debe intervenir sobre esas entidades para salvaguardar “el sistema”, la estabilidad económica, que, es también la estabilidad política. En definitiva, ¿quién debe pagar a los sastres?

Aunque los otrora ultraliberales ahora ven con buenos ojos el intervencionismo estatal para salvar la crisis, muchos otros piensan que no se debe pagar con fondos públicos, con el dinero de los contribuyentes, los “errores” cometidos en la gestión privada. Otros, vamos más allá, y consideramos que la responsabilidad de los sastres, no sólo civil, respondiendo con sus patrimonios, sino también penal, tiene que ponerse necesariamente sobre la mesa. Ahora bien, alguna responsabilidad, en mi opinión, debe tener también el Estado, por su fracaso en la regulación. ¿O no? ¿Han actuado bien los bancos centrales, los bancos nacionales, los órganos reguladores? O, como en El traje nuevo del emperador, ¿todos eran conscientes desde siempre de qué estaba pasando y lo han consentido? ¿O nadie sabía nada? Que cada uno saque sus conclusiones. Yo ya tengo las mías.

Primas altas y éticamente reprobables

Si tuviera que poner un ejemplo de la oposición a la intervención estatal en el rescate de una entidad financiera en situación crítica bastaría con mencionar las primas tan altas y éticamente reprobables que se dan en las finanzas a quien asume riesgos. No es justo que las decisiones tomadas por los altos ejecutivos de algunas instituciones estén exentas de riesgo para ellos, máxime cuando sus sueldos están íntimamente ligados a los beneficios de esas entidades. Y, además, salarios y primas están ligados a las rentabilidades a corto plazo en lugar de en el largo plazo.

Es un círculo vicioso. Algunos directivos, que deben salvaguardar los intereses de sus accionistas, son penalizados desde los ranking de gestión por no obtener resultados tan brillantes como sus competidores más arriesgados y, además, penalizados en su sueldo. A veces, incluso, pagan con su puesto de trabajo su presunta falta de competitividad. Sin embargo, aquellos “halcones del mercado” que gestionan con elevadísimos riesgos y perspectivas cortoplacistas, que maquillan sus balances y que huyen hacia delante sin tener en cuenta los errores previos, continúan en sus puestos con buenas primas y altos salarios. Y, además, satisfechos por ceder “socialmente” parte de los beneficios de las empresas, por ejemplo, a través de la esponsorización. En ningún momento les aparece mentalmente la palabra estafa. El esquema lo borda Dan Ariely en Las trampas del deseo.

Hasta que la avaricia rompe el saco. Y es que la avaricia es intrínseca al ser humano. Por supuesto, aquel que no es avaricioso, en mayor o menor grado, difícilmente va a competir en la jungla de los directivos que tienen como libro de cabecera El Arte de la Guerra de Sun Tzu. De ellos, no podemos esperar autorregulación alguna. Es igual que pedir a la zorra que guarde el gallinero después de un mes sin comer. Se las comerá a todas. Se morirá de hambre. Y no es bueno que esto ocurra.

Es al Estado a quien corresponde garantizar unas reglas claras y sencillas para que el mercado funcione, a quien corresponde el papel regulador a través de distintos órganos. El pueblo, el ciudadano, no puede pagar los riesgos de los demás. Y la Justicia ha de impedir que los sastres se vayan de rositas.

En cada PYME que quiebra, en cada trabajador que pasa a engrosar las listas del paro y en cada ciudadano que pierde su vivienda, hay una parte del coste total del traje. Estos son los auténticos pagadores del traje del emperador. Y no se debe consentir.

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@María Antonia Trujillo

María Antonia Trujillo (Peraleda del Zaucejo, Badajoz 1960) es diputada por Cáceres, doctora en Derecho y premio extraordinario por la Universidad de Extremadura. Especialista en constitucional, ha sido consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura (2000-2003) y de Fomento (2003-2004), desde donde impulsó el Plan Regional de la Vivienda. Posteriormente fue nombrada ministra de la Vivienda en el Gobierno de España. Actualmente es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, además de vocal de la de Economía y Hacienda.

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