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Miguel Ángel Torres (Efe).

Miguel Ángel Torres, el primer instructor del caso Malaya, al igual que hiciera cuando declaró contra su compañero de juzgado Francisco Javier de Urquía, se ratificó ayer en su declaración como testigo ante el alto tribunal andaluz en la causa que instruye el TSJA en el caso Puente Romano.

Miguel Ángel Torres habló ante la sala del TSJA de las gestiones realizadas por el juez del 2 de Marbella para favorecer a algunos de los imputados en el Caso Hidalgo, operación en la que se practicaron veintitrés detenciones, entre ellas la de varios letrados y notarios, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias. Con la pulcritud con que siempre acostumbra el polémico juez en sus apariciones, Torres llegó puntual a la sede judicial. Le bastó solo con una hora para señalar los términos de su declaración a su colega de toga, Miguel Pasquau, que posteriormente siguió tomando declaración  a otros testigos.

La declaración de Torres ante el TSJA cerca aún más la presunta implicación de su ex compañero de piso en el caso Puente Romano. Algunos juristas  consultados por El Confidencial han coincidido en señalar que, con este proceso judicial abierto en el TSJA, Urquía lo tiene mal: “Si tuviera otra condena de cárcel ya implicaría su ingreso en prisión. Lo más serio es que se ha impuesto la pena privativa de libertad en esta condena y supone un punto de partida a la prisión si en el futuro llegara otra condena”.

Como ya detallamos en El Confidencial en relación a las diligencias previas que el TSJA sigue en el Caso Puente Romano, el pasado mes de julio el magistrado instructor tomó declaración a varias personas, tanto en calidad de imputados como de testigos; comparecencias incluidas dentro de la instrucción normal de la causa abierta por los delitos de cohecho y prevaricación.

La declaración de Miguel Ángel Torres era básica en este proceso, ya que fue el propio magistrado quien imputó a su compañero, el juez suspendido Francisco Javier Urquía en una pieza separada del Caso Malaya por favorecer a implicados en el caso. Urquía fue condenado el pasado mes de agosto a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación judicial, al considerar probado que recibió dinero de Roca para la compra de una vivienda “a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales”.

Paralelamente a este proceso, en enero de este año, el TSJA se declaró competente para instruir el Caso Puente Romano contra Urquía, una vez que analizó una exposición razonada por parte del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga respecto de unas diligencias, en las que dicho juzgado venía investigando al empresario Igor Mier, quien presuntamente habría realizado una oferta sobre el levantamiento de intervenciones judiciales a empresas. La propuesta realizada por Igor Mier al dueño del Hotel Puente Romano, David Shamond, testigo protegido, consistiría supuestamente “en garantizarle el levantamiento de intervenciones judiciales” acordadas contra empresas, así como el desbloqueo de cuentas, puesto que tenía pendiente llevar a cabo la operación de venta del hotel, intervenido en el caso 'Hidalgo'.

Los antecedentes penales de Urquía

La defensa del juez Urquía precisó la intención de recurrir la resolución del caso ante el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales en este proceso judicial. Sin embargo, para el fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón, la instrucción de la primera pieza juzgada del caso Malaya ha sido  “minuciosa, rigurosa y exhaustiva” , despejando cualquier duda sobre un procedimiento judicial, del que se ha hablado en todos los foros judiciales.

Aunque la sentencia del caso de Urquía por favores judiciales aún no es firme, y será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra, García Calderón se anticipa al recurso de la defensa de Urquía contra la sentencia condenatoria aludiendo que “la importancia de este juicio exige conocer qué elementos pueden producir en el ánimo de un tribunal determinados prejuicios sobre la culpabilidad del acusado que lo inhabiliten para su enjuiciamiento”. La primera sentencia de Malaya ha generado un debate interno en la propia Fiscalía y el alto tribunal andaluz sobre las escuchas telefónicas a las personas aforadas.

La ciudad de la justicia

El escenario para el macro juicio de la Operación Malaya empieza a prepararse. La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo ha fijado ya como ‘plató’ del esperado juicio del caso Malaya la Ciudad de la Justicia de Málaga, aunque la fecha exacta de celebración aún se desconoce. “Estamos estudiando su adecuación”, reconoció en Marbella la consejera, aunque para ello, añadió, se reunirá con los protagonistas -Fiscalía, juez, operarios jurídicos- para “valorar y estudiar la búsqueda de un lugar que se ajuste a su celebración teniendo en cuenta las posibilidades y que no se altere el normal funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Málaga”.

Como anécdota, la consejera ha explicado que se  ha digitalizado el expediente de 150.000 folios de la primera fase del sumario del caso Malaya y se encuentran en una memoria USB bajo custodia del juez instructor de la causa, el magistrado Oscar Pérez. Hasta ahora solo el sumario del caso del 11-M tenía un precedente similar.

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