(4/5 | 12 votos)

En mayo de 1991, Pedro Pérez, por entonces secretario de Estado de Economía -y hoy lobbista de referencia del mundo del ladrillo a través del llamado G-14 (¿todavía existe?)-, dio una orden a media docena de altos funcionarios del Estado. ¡No va más! ¡La banca pública toca a su fin! ¡Lo que procede ahora es privatizar! Colocar los activos más preciados al mejor postor mediante el lanzamiento de sucesivas ofertas públicas de venta de acciones.

Así se hizo. De un plumazo, desaparecieron el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local (BCL), el Banco de Crédito Industrial (BCI), Caja Postal y el Banco Exterior. La fusión de todas estas entidades dio lugar a la Corporación Bancaria de España, el antecedente inmediato de Argentaria, como se sabe fusionada posteriormente, el año 1999, con el Banco Bilbao Vizcaya. La privatización de Argentaria se hizo en cuatro fases. Las dos primeras en 1993, con Carlos Solchaga y Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía. La tercera fase se materializó en marzo de 1996, coincidiendo en el tiempo con la llegada al poder del Partido Popular. Dos años más tarde, en febrero de 1998, el vicepresidente Rodrigo Rato ordenó la venta del 29,2% que todavía quedaba en manos del Estado. Finalizaba, de esta manera, la azarosa vida de la banca pública española. De la mano de los dos grandes partidos con probabilidades reales de gobernar.

Habrá quien piense que se trataba de un final esperado -incluso lógico- teniendo en cuenta la tradicional ruina que ha supuesto para este país la existencia de grupos empresariales públicos. Nada más lejos de la realidad. El Banco Hipotecario, con apenas 500 empleados, ganaba más de 20.000 millones de pesetas al año, y el resto de entidades no le andaba a la zaga en proporción a su tamaño. La única entidad verdaderamente con dificultades era el Banco de Crédito Industrial, atrapado por la crisis naval. Así se puede explicar que cuando Argentaria fue absorbida por el BBV su capitalización bursátil fuera equivalente a 10.636 millones de euros, como se ve una cantidad nada despreciable. De hecho, la demanda total de títulos de la última OPV (29% de los títulos) superó en 18 veces la oferta, lo que da idea del interés de los inversores por hacerse con los títulos del tercer grupo bancario español.

La banca pública había muerto. Y con ella, los instrumentos de los que disponía el Gobierno para articular su política de financiación de la economía. En su lugar quedó el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un organismo creado en 1971 que languidecía eclipsado por la banca pública. El ICO se reconvirtió en la agencia financiera del Gobierno, pero con escasas competencias, y todo ello pese a que en sus Estatutos (del año 1999) proclama solemnemente que entre sus funciones está contribuir a paliar los efectos económicos producidos “por situaciones de grave crisis económica, catástrofes

naturales u otros supuestos semejantes”, de acuerdo con las instrucciones del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económico.

Parece evidente que a estas alturas del siglo no tendría sentido alguno plantear la posibilidad de recuperar la banca pública en los términos anteriores. Sin embargo, no estaría de más que este país reflexionara sobre las consecuencias de tener un Estado inerte, con escasa capacidad para influir en la financiación de la economía, sin lugar a dudas el problema más importante de todos los que se ha enfrentado la economía española desde la adhesión a la Unión Europea. Hace poco más de dos décadas.

Resulta verdaderamente pavoroso contemplar que mientras media España empresarial se seca por falta de liquidez (me refiero a la España productiva, no a la especulativa) los poderes públicos

-después de haber malvendido Argentaria- miran para otro lado como si el asunto no fuera con ellos. Probablemente esperando a que la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense les saquen las castañas del fuego inyectando al sistema miles de millones de dólares.

No alcanzo a comprender a qué espera el Gobierno (con una deuda pública inferior al 37% del PIB) para reinventar el ICO y darle más poderes con el objetivo de engrasar el sistema económico e impedir que la crisis acabe en metástasis que afecte a todo el aparato productivo del país. Una verdadera pena.

(4/5 | 12 votos)

Enlaces patrocinados

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.

Ver más comentarios    Deja tu comentario

¿Un marxista en CEOE? Ahora resulta que socializar pérdidas es una novedad en España (19/09/2008)

Las tinieblas de la realidad liquidan el peor capitalismo de los últimos 80 años(17/09/2008)

Se acabó la fiesta y el despilfarro: los barones regionales encaran su primera recesión (12/09/2008)

TRIBUNA

Su majestad la mentira  José Luis González Quirós

DOS PALABRAS

Rodríguez, machote, cuando sales fuera te amilanas  Federico Quevedo

TRIBUNA

Europa no quiere pagar los vidrios rotos de Wall Street  Aurora Mínguez

AL GRANO

El virus del francotirador y desidia policial en la masacre de Finlandia  Antonio Casado