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El proyecto de megacasino fantasma Gran Scala sigue generando situaciones kafkianas en Aragón. La enésima es la lucha abierta entre pueblos de la zona por acoger un proyecto del que aún nada se sabe y para el que aún no se ha demostrado que disponga de financiación.

Primero fue un ayuntamiento popular, Ontiñena, el que asegura haber llegado a un “principio de acuerdo” con la promotora del proyecto, International Leisure Developement (ILD), para venderle 2.300 hectáreas a razón de 9.000 euros la hectárea de secano y 6.000 euros la de pasto y erial. El Gobierno de Aragón receloso de que el desarrollo recayera en un municipio del PP, ha alentado a la alcaldesa de otro pueblo de la zona, en este caso socialista, Ballobar, para contraofertar y quedarse con el proyecto, informa El Heraldo. Da la casualidad de que el Ayuntamiento posee 1.200 hectáreas para vender a ILD. El número de metros cuadrados podría ascender, ya que el pueblo se encuentra en proceso de concentración parcelaria.

Paralelamente, el movimiento ciudadano en contra del proyecto, no para de crecer. Treinta entidades sociales de los ámbitos jurídico, social, educativo, político y medioambiental han firmado un documento para mostrar su oposición a la construcción del complejo de ocio, juego y relax en Aragón.

Cáritas contra Gran Scala

La intención es "hacer visible" un mensaje "conjunto y sin protagonismos" de negativa rotunda al proyecto y a cualquier modelo de desarrollo similar, pues los firmantes consideran que en su campo de actuación hay motivos para oponerse a Gran Scala, ha explicado en una rueda de prensa el secretario general de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Piñeyroa.

Piñeyroa también ha lamentado que haya empezado un "mercadeo" por parte de ayuntamientos y comarcas para quedarse con el negocio sin enjuiciar aspectos importantes como su ética, posibilidades económicas, incidencia social o laboral. El documento divide la negativa a Gran Scala en seis bloques: aspectos jurídicos, campo económico y laboral, ámbito social, consecuencias medioambientales, ordenación del territorio y participación ciudadana.

Gran Scala supone renunciar a los criterios de sostenibilidad y equilibrio en la ordenación del territorio, pues requerirá una inversión pública en infraestructuras y comunicaciones que exigirá recursos necesarios para otros usos en Aragón, ha explicado Piñeyroa.

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