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Bibiana Aído presentó ayer el borrador del plan integral contra la explotación sexual, que contempla ayudas económicas a las prostitutas que decidan abandonar esa actividad y la concesión de la tarjeta de residencia a las meretrices extranjeras en situación ilegal que denuncien a sus proxenetas. Pero el plan de la ministra de Igualdad es idéntico al que su colega de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya elaboró en la pasada legislatura, y que finalmente se guardó en un cajón. Lo que ha hecho ahora Aído es calcar el proyecto de Rubalcaba y atribuirse su paternidad.

La decisión de Aído de apropiarse del plan de Interior cuenta con el visto bueno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, empeñados en dotar de contenidos a un departamento como el de Igualdad, que cuenta con escasas atribuciones y un exiguo presupuesto, pero que se nutrirá de las aportaciones transversales de otros departamentos. Las mismas razones por las que, hace tan sólo unas semanas, Aído anunció que impulsaría la reforma de la Ley del Aborto, que en otras circunstancias habría recaído sobre los ministerios de Justicia y Sanidad.

Aprovechando la celebración, ayer, del Día Internacional contra la Explotación Sexual, Aído desempolvó el viejo plan de Rubalcaba y lo presentó como una iniciativa de su recién creado ministerio. El proyecto prevé otorgar ayudas económicas a las prostitutas "para que tengan un cierto soporte inicial y no se vean aún más desvalidas", señaló Aído, que no quiso adelantar la cuantía de esas ayudas, aunque aseguró que "no faltarán recursos económicos".

Se calcula que en España ejercen la prostitución entre 150.000 y 300.000 mujeres, dependiendo de las fuentes, y que el 90% de ellas son extranjeras, la mayoría en situación ilegal, según las estimaciones del Ministerio del Interior. Esas astronómicas cifras tal vez expliquen la prudencia de la ministra al referirse ayer a las ayudas económicas, ya que, según las fuentes consultadas, su departamento no ha elaborado ningún estudio previo sobre cuántas prostitutas estarían dispuestas a salir de la marginación para acogerse al plan del Gobierno.

Aído, curándose en salud, advirtió que las ayudas económicas a las víctimas de explotación sexual tendrían carácter "temporal". Pero, ¿qué ocurriría si decenas de miles de ellas se decidiesen a solicitar esas subvenciones? ¿De dónde saldrían los fondos? ¿Cuenta el plan de Aído con la bendición del vicepresidente Pedro Solbes? La titular de Igualdad no lo aclaró, y tampoco dijo con qué medios cuenta para evitar los posibles fraudes e impedir que una mujer cobre la ayuda mientras sigue ejerciendo la prostitución.

Suavizar la Ley de Extranjería

El plan de Aído no difiere en nada del que Rubalcaba empezó a diseñar en 2006, y en el que también colaboraron los ministerios de Trabajo y Justicia. Además de un paquete de ayudas económicas, el proyecto de Interior pretendía suavizar la Ley de Extranjería, cuyo reglamento prevé la expulsión y repatriación inmediata de las prostitutas en situación ilegal, a menos que denuncien a sus explotadores. En ese caso, la ley permite a las víctimas acceder a un permiso de residencia temporal "por circunstancias excepcionales". Pero, dado que muy pocas mujeres se atrevían a dar ese paso, por temor a las represalias de las redes de proxenetas contra ellas o sus familias, Rubalcaba quería suprimir la expulsión fulminante de las prostitutas sin papeles y sustituirla por un periodo de reflexión de un mes, durante el cual las mujeres recibirían asistencia médica y psicológica, además de asesoramiento legal. Transcurrido ese periodo, tendrían que optar entre denunciar a sus explotadores o la repatriación.

Aído anunció ayer que las prostitutas que se acojan al plan integral tendrán "asistencia letrada gratuita" y dispondrán un mes de plazo para "decidir acerca de su colaboración con la justicia, sin que las mujeres sean expulsadas durante ese tiempo y cuenten con garantías y tranquilidad suficientes para poder denunciar". La ministra insistió en que "durante los 30 días estarán perfectamente atendidas, en casas de acogida o con ayudas económicas para permitirles su subsistencia, pero no se llevaría a cabo la expulsión".

El plan original también preveía conceder a las mujeres que abandonen el comercio sexual y se comprometan a participar en programas de reinserción un permiso de residencia y trabajo en España por razones humanitarias, independientemente de que denuncien o no a las redes de explotadores. Un objetivo que también se ha marcado la ministra de Igualdad. "Queremos que las víctimas tengan garantías jurídicas y condiciones suficientes para que se sientan seguras", señaló ayer.

La responsable de Igualdad también ha rescatado las "campañas de sensibilización social" contempladas en el plan diseñado por Rubalcaba, "para que los ciudadanos sepan que detrás de una prostituta generalmente hay una mujer víctima del tráfico y de la trata de seres humanos".

El proyecto de Interior estaba prácticamente terminado a finales del año pasado, pero la inminencia de la campaña electoral desaconsejó al Gobierno su aprobación y puesta en marcha. Ahora, Aído confía en que se apruebe definitivamente antes de que acabe 2008.

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