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El Gobierno no tiene la menor intención de decretar la disolución de los cuarenta ayuntamientos gobernados por ANV, el partido ilegalizado por el Tribunal Supremo por sus conexiones con Eta y Batasuna. Y si el Gobierno no toma esa iniciativa, el PP tampoco se lo piensa reclamar formalmente. Por tanto, la ilegalización-disolución de este partido solo afectará a la marca y a las subvenciones otorgadas como partido, por los votos obtenidos, o como grupo municipal, para su funcionamiento dentro de la corporación. Pero no afectará en absoluto a la continuidad de los ayuntamientos gobernados por los amigos de ETA. Ni a la condición de éstos como  concejales, porque sus actas son personales.

Dice la vicepresidenta Fernández de la Vega que la ilegalización de ANV y PCTV prueba que en la Democracia española no hay sitio para los que apuestan por la violencia y la ilegalidad. Mentira. La continuidad de los 430 concejales de ANV y los 9 parlamentarios autonómicos del PCTV, aunque hayan perdido la cobertura legal de una organización, prueba que sí tienen sitio en el marco democrático que quisieran desbordar en acreditada complicidad con el terrorismo.

Polémica servida al hilo del estupor por semejante desacato al sentido común. ¿Hemos de asumir como si tal cosa la continuidad de unas Corporaciones y unos concejales contaminados  por el terrorismo? Las leyes y la jurisprudencia son unánimes en el caso del acta de concejal o parlamentario. Va con la persona, no con el partido, aunque la práctica demuestre que el paso por las urnas lo mangonean los partidos. Una realidad ignorada por el Tribunal Constitucional, al establecer en una sentencia de 1983 que los representantes deben su cargo a los representados. "Los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos", dice aquella sentencia ratificada en numerosas ocasiones durante el último cuarto de siglo.

Pero hasta las piedras saben que esos concejales son personas designadas en su día por los partidos para integrarse en unas listas cerradas y bloqueadas. El origen del desajuste doctrinal está en la propia Constitución, y en las leyes reguladoras de la participación política de los españoles. Ahí se dice con toda claridad que sus cauces institucionales son los partidos políticos. Debería inferirse que si un partido es filoterrorista también lo serán sus integrantes, pero se ve que no.

En cuanto a la eventual disolución de los 42 ayuntamientos donde gobierna ANV, solo hay un instrumento legal disponible: el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, que otorga al Gobierno la posibilidad de disolver por decreto una Corporación Municipal "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

¿Está dispuesto el Gobierno a utilizar este resorte? No. Rotundamente, no. También les adelanto que el PP no dará esta batalla, lo cual no significa que el partido de Rajoy se opone a la disolución de los ayuntamientos de ANV. Lo que quiere decir es que, en línea con los nuevos aires que se respiran en Génova, donde ya se asume que la política antiterrorista la dirige el Gobierno, el PP no va a tomar la iniciativa. Esperará que lo haga Zapatero para apoyarle inmediatamente. Y si no lo hace, tampoco se lo exigirá. Quien sí puede hacerlo es Rosa Díez (UPyD). En realidad, rescataría la iniciativa ya tomada en mayo de este año, cuando instó al Gobierno a actuar en un supuesto de connivencia con el terrorismo como ya había actuado en Marbella en un supuesto de corrupción.

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