Lunes, 22 de septiembre de 2008

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El gobierno catalán y los grupos parlamentarios han incumplido el nuevo Estatut al demorar más allá del plazo legal de dos años la creación del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo que debía ser fundamental para la adaptación de las normativas autonómicas al actual Estatuto catalán. Después de la conmoción política que en agosto hubo en Cataluña al considerar las formaciones catalanas un grave incumplimiento del Gobierno la falta de acuerdo en financiación autonómica, estos mismos partidos no han conseguido dar cumplimiento a una cuestión que sólo dependía de ellos.

El Consejo de Garantías Estatutarias tendría asignada la misión inicial de dictaminar, en el plazo de dos años desde que entró en vigor el Estatut -el 9 de agosto de 2006-, sobre la compatibilidad de éste con las leyes anteriores a su existencia. La disposición transitoria primera del Estatut daba la posibilidad a los grupos parlamentarios, a la Generalitat y al Síndic de Greuges de pedir con este fin un dictamen en ese plazo. Fuentes de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno catalán y de la oposición han admitido a Efe que el retraso en la creación de este organismo "no tiene sentido".

Las fuentes consultadas apuntan diversas causas para explicar el retraso en la creación de este nuevo organismo.

Una de ellas es el proceso de elección de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), que ha llevado a algunos partidos a dejar en vía muerta la constitución del Consejo de Garantías Estatutarias a falta de ver cómo se resolvía la renovación de aquellos organismos.

Otra posible causa tienen que ver con el debate interno de la ley, puesto que los grupos de la mayoría y CiU no se ponen de acuerdo sobre si el nuevo organismo debe tener nueve miembros, tal como defendía el proyecto original del Govern, o 12, tal como quiere la federación nacionalista.

Tampoco hay un acuerdo completo sobre el régimen de incompatibilidades de los integrantes del futuro órgano. A todo ello se suma que la ponencia parlamentaria no se reúne desde antes de las vacaciones y que algunos representantes han variado desde la constitución de la ponencia, el último de ellos Ramon Camp (CiU), que al ser designado miembro del CGPJ será ahora sustituido.

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