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La crisis económica está provocando un espectacular crecimiento de la morosidad, y al calor de ésta han empezado a proliferar en España las empresas cazadeudas dedicadas al cobro de impagados. Casi todas ellas utilizan métodos expeditivos -sus empleados persiguen a los supuestos morosos vestidos con estrafalarios disfraces-, pero algunas cruzan la raya del exceso y llegan a la intimidación. Es el caso de la firma El Torero del Moroso, que ha sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por emplear tácticas de cobro abusivas y vulnerar el deber de secreto.

La empresa pontevedresa Postmobel S. L., dedicada a la fabricación de muebles de cocina, contrató los servicios de El Torero del Moroso, una de las firmas cazadeudas más importantes del sector, para que reclamase varias facturas impagadas a un matrimonio formado por dos pequeños empresarios gallegos. Los agentes de cobro de El Torero del Moroso suelen incordiar a sus presas uniformados con vistosos trajes de luces, pero en esta ocasión optaron por un método más contundente que el paseíllo acosador: presionar a los familiares del matrimonio y hacer pública su condición de morosos.

Primero, un empleado de El Torero del Moroso realizó varias visitas y llamadas telefónicas al domicilio de la madre de la empresaria para reclamar la deuda pendiente. Más tarde, envió varios faxes a las empresas Igleva Sistemas de Consultoría y Delex Phil, ambas propiedad del matrimonio, exigiendo la cantidad adeudada, faxes que pasaron por las manos de varios empleados antes de llegar a sus destinatarios.

Éstos decidieron entonces denunciar el acoso al que estaban siendo sometidos a la AEPD, que inició un procedimiento sancionador contra El Torero del Moroso por presunta violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, al considerar que la empresa de cazadores de impagos había vulnerado el deber de secreto recogido en dicha ley, que obliga a quienes manejan ficheros con datos de carácter personal a mantener el secreto profesional sobre los mismos.

Infracción grave

Ahora, la AEPD ha concluido ese procedimiento imponiendo a El Torero del Moroso una multa por infracción grave, que la ley sanciona con cantidades que van desde los 60.000 hasta los 300.000 euros. "Teniendo en cuenta que el fax no garantiza la confidencialidad de los datos expuestos en los documentos, dado que no puede garantizarse que quien recepciona el fax es el propio interesado", señala la resolución de la AEPD, "debe considerarse que El Torero del Moroso ha vulnerado el deber de secreto que exige la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que la infracción cometida debe considerarse como grave".

En su escrito de alegaciones, El Torero del Moroso reconoció voluntariamente su responsabilidad, y argumentó que el empleado que envió los faxes al matrimonio de supuestos morosos no tenía autorización para ello. La empresa de cobros, además, informaba a la AEPD de que había contratado los servicios de la empresa Delfín Consultoría y Formación para evitar en el futuro "situaciones como la presente", supuestamente con el fin de mejorar el adiestramiento profesional de sus cobradores, a los que únicamente se exige una formación equivalente al graduado escolar.

Finalmente, la AEPD ha mantenido la calificación de "grave" para la infracción cometida por El Torero del Moroso, aunque, a la vista de las alegaciones presentadas por la empresa, ha rebajado la cuantía de la multa a 12.000 euros.

Además de El Torero del Moroso, decenas de empresas cazadeudas han surgido como hongos tras el estallido de la crisis económica, pasando a engrosar una larga lista que comparten con las firmas más consolidadas del sector: El Cobrador del Frac, La Sombra del Moroso, El Sindicato del Cobro, La Cruz del Moroso, El Zorro Cobrador, La Abadía del Cobro, El Buda del Moroso, El Cobrador de Blanco, El Monasterio del Cobro, El Cobrador de Guantes Blancos...

Todas ellas se disputan el floreciente negocio de los malos pagadores, aunque algunas, dada la creciente competencia en el sector, recurren cada vez con más frecuencia a métodos que rozan lo delictivo para forzar a los morosos a saldar sus deudas. El pasado mes de octubre, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Cáceres condenó a nueve directivos y empleados de La Sombra del Moroso a penas de prisión de un año y medio a dos años por extorsión y asociación ilícita. Los condenados, que recurrían a la violencia física y las amenazas para intimidar a los morosos, reconocieron su culpabilidad para evitar una pena mayor. 

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