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A las nueve de la mañana del miércoles la campana de aviso a sus señorías para que ocupen sus escaños comienza a sonar. Avisa de que va a dar comienzo la sesión de control al Gobierno. Antes, cuando esa actividad parlamentaria tenía lugar a las cuatro de la tarde, había una general expectación. Ahora, los pasillos se encuentran casi vacíos. La Tribuna de Prensa no llega ni a una tercera parte de su capacidad y los escaños libres son mayoría respecto a los ocupados.

De hecho, lo que ocurre a esa temprana hora de las nueve de la mañana, desde el punto de vista informativo, decae en las horas siguientes bajo el insaciable apetito de la actualidad. La sesión de control al Gobierno ha dejado de tener interés informativo. Ni siquiera se producen los tradicionales corrillos entre políticos y periodistas, y el trabajo de los informadores se ve considerablemente mermado en lo que a posibilidades de obtener información se refiere. El Parlamento es aburrido y tedioso.

El ‘autor’ de semejante situación no es otro que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien en su día decidió cambiar los horarios con el fin de introducir más agilidad a los debates y más tiempo para que se pudieran reunir las comisiones. Y lo hizo con el visto bueno del Gobierno, al que parece que tal situación le conviene y le favorece notablemente, y de hecho contribuye a que el Parlamento deje de ser el centro de la vida política.

Un ‘páramo de desolación’

Y es que a esta tediosa manera de entender el control al Ejecutivo se une una actividad legislativa que desde los bancos de la oposición se ha calificado de “páramo de desolación”. Con el nuevo horario, Bono habilitó los jueves para que el Pleno del Congreso se reuniera a debatir la actividad legislativa del Gobierno, pero lo cierto es que desde hace tiempo los fines de semana de sus señorías comienzan el miércoles por la tarde. Como el Gobierno no hace nada, no hay nada que debatir.

Ayer, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, le echó en cara a la vicepresidenta del Gobierno esta escasez productiva en lo que a leyes y disposiciones se refiere: solo en el mes de septiembre cuatro ministerios –Igualdad, Vivienda, Justicia y Cultura- no han aparecido en el BOE ni para nombrar a un conserje. Y los que lo han hecho ha sido con una actividad casi inexistente, desde luego nada que pueda considerarse de importancia.

El Ministerio de Exteriores solo ha publicado un real decreto de concesión de medallas de Isabel la Católica, el de Defensa una orden ministerial de concesión de permisos, el de Interior otra orden para la nueva estructura de los servicios generales de la Dirección General de la Policía, el de Ciencia e Innovación otra para la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación 2008, y el de Sanidad una orden sobre programas formativos de diversas especialidades.´

Ni leyes, ni decretos

Con esta intensidad, no es extraño que el Congreso haya perdido notoriedad informativa. Salvo por los dos debates sobre la crisis económica celebrados antes y después de las vacaciones de verano, lo cierto es que poco más ocurre en la Carrera de San Jerónimo digno de llamarse noticia. Desde luego, no lo es por leyes o decretos que el Gobierno haya remitido al Parlamento, puesto que en seis meses desde que se iniciara esta nueva legislatura solo han llegado ocho proyectos de ley, dos reales decretos y un decreto legislativo.

De los ocho proyectos de ley, tres son derivados de la transposición de directivas europeas y solo uno de los ocho ha sido aprobado por el Parlamento. De los dos reales decretos, uno –el que aprobaba el trasvase de agua a Barcelona- ha sido derogado. El decreto legislativo remitió al Congreso el texto refundido de la Ley del Suelo. Dado que más de una tercera parte de las leyes tenían su origen en directivas comunitarias, desde el PP se acusa al Gobierno de “dejar en manos de Bruselas su tarea legislativa”.

Y ninguna de estas iniciativas legislativas podía considerarse de calado desde el punto de vista del debate político: Ley de supresión del gravamen del Impuesto del Patrimonio, ley para regular la contratación con los consumidores de préstamos o créditos, ley para el derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte, ley de reforma del registro civil en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y patrimonios protegidos, ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, ley que modifica la Ley del Poder Judicial para adoptarla a una directiva europea de sanciones pecuniarias, ley para la ejecución en la UE de sentencias con sanciones pecuniarias y ley que autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa –única aprobada-.

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