El curso escolar comenzó ayer en Madrid con un nuevo problema para los centros educativos: atender a los niños que objetan de la asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía. La Comunidad de Madrid ha liderado públicamente, junto a la Comunidad Valenciana, la oposición a esta asignatura diseñada por el Gobierno central, y ha respaldado a las familias objetoras. Sin embargo, la Consejería de Educación ha negado más recursos a los colegios para que puedan hacer frente a las necesidades de los cerca de mil alumnos que se niegan a cursar este año Ciudadanía.

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre comunicó a los centros que los objetores deben permanecer en un aula durante la hora en que sus compañeros reciben la asignatura. En lugar de Ciudadanía, los niños deberán realizar una actividad que guarde relación con la Constitución, los derechos humanos o actividades de voluntariado, pero en el mismo centro, ya que no pueden abandonar el colegio ni salir al patio. Esto supone que los centros problemas económicos y de organización, ya que, además de los docentes y el material educativo preparado para Ciudadanía, deben buscar a contrarreloj quién y cómo se ocupe de los niños objetores.

Emilio Díaz, secretario general de la sección madrileña de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), explicó a este diario que la Comunidad de Madrid se negó a asumir parte de los costes que la atención a los objetores va a generar a los centros alegando problemas derivados de la crisis económica. El Gobierno de Aguirre apeló a la autonomía de los centros para que cada uno resuelva el problema dentro de sus posibilidades. De esta forma, según señaló Díaz, los colegios acabarán recurriendo a los profesores que, sea cual sea su formación, tengan una hora libre o de biblioteca en el momento en que se imparta Ciudadanía. “Gestionar esta situación no es fácil y nos ha dejado un tanto perplejos”, indicó Díaz.

Hay que tener en cuenta que los centros católicos ya han llevado a cabo un esfuerzo extra para adaptar la asignatura de Ciudadanía a la doctrina de la Iglesia, así como para preparar al cuerpo docente. Pese a que FERE-CECA se manifestó contraria a la nueva asignatura, ha podido orientar la materia según su “proyecto educativo cristiano” gracias a las garantías constitucionales. Los centros de esta federación impartirán Ciudadanía siguiendo unas mismas pautas, apoyados en textos y apuntes escogidos por los profesores, por lo que no tendrá nada que ver lo que reciba un niño en un colegio católico con lo aprenda otro en uno público o laico.

A la espera del Tribunal Supremo

La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, en declaraciones a periodistas, aseguró ayer que la Comunidad confía en que antes de final de año el Tribunal Supremo dicte sentencia respecto a Ciudadanía, “porque eso va a clarificar todo el panorama”. La consejera afirmó que el Ejecutivo autonómico acatará la sentencia del Supremo, y recordó que esta materia se imparte en otros muchos países de Europa,  pero “en ninguno ha sido tumbada por más de 30 sentencias de los tribunales de Justicia como ha sucedido en España”. Según Figar, los tribunales han coincidido en que el contenido de Educación para la Ciudadanía en España "entra en cuestiones morales que pertenecen al ámbito familiar.

En cuanto a la objeción de conciencia, la consejera apuntó que existen centros donde hay “dos objetores” a recibir la asignatura y otros donde “se ha objetado en bloque”,  pero sostuvo que ninguno de ellos ha planteado problemas a la hora de impartir actividades alternativas de voluntariado. Asimismo, Figar afirmó que la Consejería ha explicado a los directores cualquier duda en relación con este asunto, y destacó en que muchos de ellos “controlan desde antes del verano el numero de objetores que tienen” e incluso ya han pensado en los trabajos sustitutivos que les encargarán.