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De las crisis también se aprende. Y si no que se lo pregunten a los alemanes, que en plena república de Weimar llegaron a emitir billetes con un valor facial de 100 millones de marcos, lo que  les vacunó definitivamente contra la inflación. Desconozco si la clase política española quiere (o está en condiciones) de aprender de los errores del pasado, pero no estaría de más que en estos tiempos económicamente revueltos, le echaran una pensada a una cuestión capital que a menudo se escapa del debate político: en qué medida el actual modelo territorial se ha convertido en un lastre o en un trampolín para salir de la crisis. O, dicho en otros términos, si la actual configuración institucional del Estado colabora o es un desincentivo para evitar que España caiga en un estancamiento económico prolongado en el tiempo.

Vaya por delante que estoy convencido de que uno de los mejores inventos de la democracia española tiene que ver con el Estado de las autonomías. Sólo hay que echar un vistazo a la miseria que se ha enseñoreado por este país en los últimos 200 años (en los que el centralismo ha sido el santo y seña del sistema político) para entender que la descentralización administrativa ha permitido aumentar los niveles de bienestar. Gracias, fundamentalmente, a que la gestión de la cosa pública se ha acercado a los ciudadanos. Lo cual es muy saludable.

Pero dicho esto, no estaría de más que en lugar de poner parches al actual modelo autonómico (mediante la mera actualización del sistema de financiación) el Parlamento se pusiera a trabajar sobre la vigencia del actual esquema territorial, plagado de contradicciones y duplicidades, lo que sin lugar a dudas explica que cada vez más gente (y con razón) cuestione el despilfarro de las comunidades autónomas y la insensatez de un modelo manifiestamente mejorable. Y no lo digo sólo respecto a lo más visible, la ruptura de la unidad de mercado mediante la proliferación de normas legales de carácter autonómico, muchas de ellas claramente contradictorias.

El papel de la provincia

Veamos. Resulta que el mandato constitucional diseñó tres niveles de administración: la central, la autonómica y la local, pero al mismo tiempo mantuvo la presencia de la provincia como ente territorial. No podía se de otra manera teniendo en cuenta que en 1978 aún no se había constituido ninguna comunidad autónoma, pero lo cierto es que 30 años después las autonomías tienen hoy plenitud de competencias. Sin embargo, y aquí está el problema, las diputaciones provinciales siguen ahí como una especie de antigualla de difícil justificación. Eso si, con un abundante aparato burocrático y administrativo, lo que verdaderamente escandaliza en unos tiempos de recortes presupuestarios. Estamos hablando de casi 50 diputaciones provinciales, lo que da idea de la dimensión del problema, a las que habría que añadir mancomunidades o cualquier otra forma de organización local.

El problema no es, sin embargo, que sigan existiendo las diputaciones provinciales, cuya labor de coordinación de los diferentes municipios (fundamentalmente en la gestión de obras y servicios) deberían ejercerlas los ejecutivos regionales, sino que ayuntamientos y comunidades autónomas continúan funcionando como si se tratara de entes independientes entre sí, generando duplicidades de difícil justificación.

Detrás de la angustiosa situación financiera de muchos ayuntamientos se encuentra, de esto parece haber pocas dudas, el hecho de que han asumido competencias impropias que corresponden a las comunidades autónomas, y que afectan a materias como la prestación de servicios sociales, la seguridad pública, la educación o la asistencia sanitaria. Diversos estudios han estimado que estaríamos hablando de una cantidad que se movería entre 6.000 y 9.000 millones de euros. En cualquier caso, como se ve, mucho dinero.

El problema no es sólo que los ayuntamientos hayan asumido competencias impropias, al fin y al cabo lo que preocupa a los ciudadanos es que haya servicios públicos de calidad, independientemente de quien los preste. El problema, por el contrario, es que muchos de esos servicios ya los prestan las comunidades autónomas, lo que provoca aumentos del gasto público insoportables para los ciudadanos. Y además es absolutamente ineficiente en términos económicos.

Es curioso que las comunidades autónomas, siempre atentas a arañar competencias a la Administración central del Estado, sean algo más que rácanas a la hora de transferir más poderes (y también más dinero) a los municipios. Y eso que la Constitución deja bien claro que los ayuntamientos “se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas”.

Como se ve, son asuntos de gran calado político, pero que tienen indudable trascendencia económica, y por eso sorprende la inexistencia de un debate de mayor profundidad ahora que se está discutiendo el nuevo modelo de financiación de las regiones, y que debe ir mucho más allá que un mero ajuste de cuentas entre Cataluña y el resto del Estado. Máxime cuando estamos ante un momento histórico que no se había producido en los últimos 30 años. Por primera vez desde la aprobación de la Constitución, las comunidades autónomas van a ver en carne propia lo que es una recesión. Dicho en otros términos, van a tener que despedir a empleados públicos y recortar programas de bienestar social. El malo de la película ya no va ser el ‘Solbes’ de turno, sino el jefe político que hasta ahora cortaba cintas inaugurales más contento y bonito que un San Luis.

Si las comunidades autónomas han disfrutado, hasta ahora, de dinero abundante -lo que les ha permitido acometer proyectos mastodónticos de difícil justificación económica con los que así poder ‘fardar’ de buenos gestores ante sus votantes-, en el futuro van a tener que poner en valor una crisis económica que se presume intensa, y que pone fin a una larga temporada de vino y rosas. De ahí la importancia de reformar lo antes posible la organización territorial del Estado.

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