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 El presidente del PP, Mariano Rajoy (Efe).

Los servicios jurídicos del Partido Popular echan humo. Sus responsables buscan entre miles de papeles un precedente de lo que ha ocurrido esta semana. Los más veteranos se remiten a la Transición para encontrar algo parecido: que el Gobierno vete una o varias iniciativas de la oposición e impida su debate en el Pleno del Congreso. De “Ley del Silencio” fue calificada ayer esta medida por miembros de la Dirección del Grupo Parlamentario.

En efecto, el Gobierno ha vetado dos proposiciones no de ley del Grupo Popular, impidiendo su debate en Pleno, bajo el argumento de que de aprobarse tendrían incidencia presupuestaria, un supuesto que, en efecto, le permite al Gobierno ejercer un derecho de veto del que, hasta hoy, no hay casos conocidos salvo que se encuentre alguno en la primera etapa de la Transición. Lo más próximo, lo recordaba ayer Cristóbal Montoro, sucedió en el año 94, también con Solbes como ministro.

Entonces el Gobierno vetó para su debate en Comisión de Presupuestos más de un centenar de enmiendas del PP. En protesta por este hecho, el entonces portavoz, Montoro, abandonó con los suyos la Comisión, dejando al Gobierno solo. Tal fue el escándalo que al poco tiempo el presidente de la Comisión salió a los pasillos y dijo a los diputados populares que el Gobierno había levantado el veto. En esta ocasión, sin embargo, el veto ha permanecido y ambas iniciativas han decaído.

¿Por qué? Según el PP, la razón no es otra que el temor del Gobierno a que prosperen. Es decir, no se trata tanto de un problema con su repercusión presupuestaria, como del hecho de que el resto de los grupos pudieran estar dispuestos a dar su voto favorable, dejando al Gobierno, de nuevo, en minoría. En vista de eso, Solbes decidió actuar haciendo uso de la prerrogativa que tiene el Gobierno para evitar que una iniciativa parlamentaria le altere el presupuesto.

¿De cuánto dinero se trata? Bien, la primera de las iniciativas es una proposición de ley sobre obras hidráulicas en Aragón con la que el PP pretendía que el Gobierno acometiera algunas de las infraestructuras incluidas en el Pacto del Agua. De haberse aprobado, su impacto presupuestario no hubiera llegado a los 60 millones de euros. La segunda iniciativa vetada tiene mucha mayor relevancia para un Gobierno que dice primar el interés social.

Reducción del IVA en las residencias de mayores

Se trata de una proposición de Ley dirigida a reducir el tipo de IVA que grava las residencias de tercera edad, de manera que pase del 7% al 4% para contribuir a moderar la carga que supone para las familias que tienen a personas a su cargo en este tipo de residencias. Aunque no está cuantificada la merma de ingresos que supondría, no llegaría ni al 0,5% del total de los ingresos por IVA del Estado, por lo que el PP considera que es un impacto mínimo en los Presupuestos.

“El problema –dicen fuentes del PP- es que se ha sentado un precedente, y en esta situación en la que el Gobierno se ve con el agua al cuello semana tras semana, puede caer en la tentación de utilizar este recurso al veto más de lo debido porque, ¿qué ley no tiene una incidencia presupuestaria? Hasta retirar los nombres de etarras de las calles del País Vasco cuesta dinero”, afirman. Pero, sobre todo, estas fuentes recuerdan que, en otra ocasión, Zapatero se erigía en firme defensor de la democracia.

Fue en el debate del Plan Ibarretxe, al principio de la pasada legislatura. En aquel entonces, el líder del PP reclamó que no se debatiera porque suponía una amenaza a la propia Constitución, y Zapatero contestó algo así como que siendo él presidente nunca se dejaría de debatir ninguna propuesta en el Parlamento que era, según dijo entonces, el “templo de la palabra”. Claro que desde entonces han pasado muchas cosas y la situación ya no es la misma. Y las palabras... se las lleva el viento.

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