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La guerra está servida. A un lado, el ministro de Economía, Pedro Solbes. Al otro, los alcaldes de más de 8.000 municipios que viven  con el agua al cuello por falta de dinero. Y en medio, millones de ciudadanos cuyo bienestar depende de los servicios públicos que prestan los municipios.

Desde la recuperación del sistema democrático, no se había visto una situación parecida. Como recuerda el concejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, en los años ochenta los municipios pudieron financiarse acudiendo al endeudamiento masivo, pero esa vía se cerró tras aprobarse los escenarios de consolidación presupuestaria.

En los noventa, la venta del suelo fue la tabla de salvación de las arcas municipales, pero esa vía también se ha cerrado de la mano de la crisis inmobiliaria. Y así es como se ha llegado a una situación que el propio Juan Bravo califica como “difícil”. Y pone un ejemplo. El ayuntamiento de Madrid tenía previsto ingresar este año unos 480 millones de euros por venta de suelo, pero lo cierto es que al final del año recaudará una cantidad que el concejal de Hacienda denomina “simbólica”, lo que da idea de la dimensión del problema.

No se trata de un asunto menor. Según sus cálculos, la venta de suelo –sin incluir otros ingresos derivados de la actividad inmobiliaria como las licencias de obras- representan entre el 7% y el 10% de la recaudación municipal, lo que supone que no habrá dinero para financiar las prestaciones, tanto las de carácter asistencial como las que tienen que ver con el funcionamiento de los servicios públicos.

No hay alternativa al suelo

“No hay alternativa al suelo, el modelo está agotado”, dice Juan Bravo, “y por eso es urgente pactar un nuevo sistema de financiación local que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos”. Y aquí está el problema. Los alcaldes no han sido capaces, por el momento, de arrancar un compromiso del Gobierno de que habrá dinero adicional a final de año, por lo que una avanzadilla de ellos capitaneada por los ayuntamientos de  Zaragoza, Madrid, Málaga y Valencia acordaron ayer un documento que insta a Solbes a dar una solución para sus problemas.  A la reunión estaban también invitados los concejales de Hacienda de Barcelona y Sevilla, pero finalmente excusaron su asistencia por “presiones” de la calle Ferraz, según desveló Juan Alberto Belloch, el alcalde de Zaragoza. Belloch dijo que había recibido llamadas desde el PSOE para que suspendiera la cita pero que no espera represalias por no hacerlo, ya que, "si un alcalde dependiera de las órdenes del partido, no solo sería poco adecuado desde el punto de vista del interés de los vecinos, sino francamente inconstitucional".

Y es que a Ferraz no le gustan este tipo de movimientos tácticos al margen de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente es el socialista Pedro de Castro, alcalde Getafe.

Como recuerda Juan Bravo, no se trata de un planteamiento ideológico, sin estrictamente municipal, lo que explica que el documento vaya a ser aprobado hoy mismo, si no saltan sorpresas, por la ejecutiva de la FEMP, donde están presenten todos los partidos políticos.

Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, refleja que nada menos que el 44% de las inversiones municipales se financia directamente con dos actuaciones: la venta de suelo público y la firma de convenios urbanísticos. Gracias a ambos actividades, la inmensa mayoría de los ayuntamientos ha podido afrontar gasto social que de otra manera no podría haber sido satisfecho, salvo elevando de una forma drástica los impuestos y tasas municipales.

El estudio fue elaborado por los profesores Manuel Esteban Cabrera y José Sánchez Maldonado, y entre sus principales conclusiones se encuentra la demostración empírica de que los ayuntamientos han aprovechado el dinero procedente del ‘boom’ inmobiliario para asumir muchas competencias que no les corresponden según la legislación vigente, y que ascienden a más de 9.700 millones de euros. En un contexto como el actual de depresión del mercado inmobiliario, no parece fácil mantener este modelo de financiación. De ahí que los autores planteen la necesidad de abordar un nuevo sistema capaz de lograr la autonomía financiera de los municipios que reclama la Constitución.

El estudio se refiere al año 2004 y pone de relieve que, en ese ejercicio, los municipios ingresaron 2.071,5 millones de euros vendiendo suelo (en la mayoría de los casos al mejor postor), mientras que otros 1.908,5 millones se incluyeron en el capítulo 3 del presupuesto como un ingreso corriente, aunque en realidad se trataba de recaudación vía convenios urbanísticos. En total, 3.980 millones de euros que representan el 43,8% de las inversiones realizadas por los municipios españoles, y que ascendieron en total a 9.095 millones de euros.

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