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El Consejo General del Poder Judicial ha acordado sancionar al juez Rafael Tirado -que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés- con una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la causa. Así lo ha decidido la comisión disciplinaria del CGPJ por tres votos a dos y de acuerdo con la propuesta formulada por el instructor del expediente abierto a Tirado por el órgano de gobierno de los jueces, ha informado el Consejo en una nota de prensa.

La Fiscalía, que consideraba que los hechos constituían una falta muy grave de desatención, propuso que el juez de Sevilla fuera sancionado con la suspensión por hasta tres años, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial. El CGPJ ha impuesto a Tirado dicha multa por su actuación como magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y por una falta grave contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La citada cantidad es la mitad de la máxima prevista para las faltas graves, que son castigadas con multa de 300 a 3.005 euros.

La decisión -la última de dicha comisión disciplinaria tras el acuerdo para la renovación del Consejo-, ha sido adoptada por tres votos a favor -de los vocales nombrados a propuesta del PP Carlos Ríos y Juan Pablo González y el independiente Agustín Azparren- y dos en contra -de los vocales de la minoría progresista Monserrat Comas y María Ángeles García-.

Ambas consideran que deberían haberse devuelto las actuaciones al instructor para que éste formulara un nuevo pliego de cargos contra Tirado calificando los hechos como una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias judiciales del artículo 417.9 de la LOPJ, por lo que presentarán sendos votos particulares. Según han informado a Efe fuentes del Consejo, esta decisión puede ser recurrida en el plazo de un mes tanto por el fiscal como por el propio Tirado ante el pleno del CGPJ, por lo que en ese caso la última palabra ya sería tomada por el nuevo Consejo.

El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por Tirado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses.

El instructor del expediente, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, concluyó que el retraso al tramitar la causa se justificaba por la situación del Juzgado, con una plantilla "muy justa" y gran carga de trabajo. En declaraciones a Efe, Olea ha eludido pronunciarse sobre la decisión del CGPJ y únicamente ha indicado que este asunto "era algo que era competencia de la comisión". "Yo lo único que hice fue una propuesta", ha añadido el instructor.

El fiscal discrepaba con el instructor respecto de la gravedad de la actuación del juez y calificó los hechos como una falta muy grave de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa cuyo castigo podría ser de suspensión hasta de 3 años, traslado forzoso o separación de la carrera. Para el fiscal, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años". Por su parte, Tirado ha alegado que el control puntual de cada ejecutoria no le corresponde a él y que ha cumplido de forma completa con su función jurisdiccional.

Tirado recurrirá porque "no está contento en absoluto"

El juez Rafael Tirado, por su parte, ha anunciado que recurrirá contra el acuerdo porque "no está contento en absoluto" y la resolución "no le puede satisfacer de ninguna forma".  Así lo ha expresado su abogado en declaraciones a los periodistas tras conocer la decisión del Consejo General del Poder Judicial, que ha acordado la pena por tres votos a dos y de acuerdo con la propuesta formulada por el instructor del expediente abierto a Tirado por el órgano de gobierno de los jueces.

El abogado de Tirado ha afirmado que su representado "no acepta ni siquiera que se trate de falta grave" y ha declarado que las responsabilidades por el retraso de la tramitación de la sentencia que condenaba por abusos al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés es "un fallo colectivo en el sistema de las ejecuciones penales", y ha añadido que es una práctica habitual en España el intentar buscar algún culpable cuando hay un fracaso colectivo.

Así, en este caso se elige una persona como responsable cuando son muchos, y al final "alguien responde por lo que son responsabilidades compartidas", cuando "sabemos que en otros muchos casos, no sólo en los tribunales sino el propio Consejo, no se puede pedir responsabilidad por un resultado que depende de la mente de un criminal". Además, ha lamentado que en este caso "se han entremezclado las opiniones y los reproches".

Ha explicado que el juez siempre ha guardado silencio por respeto a la familia, al igual que actualmente, por lo que no ha querido responder a las declaraciones del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, en las que ha asegurado que la decisión del Consejo General del Poder Judicial ha sido "un golpe a toda la sociedad española". Ha añadido que el juez hará público en los próximos días un comunicado, cuando conozca el acuerdo y se hagan públicas las alegaciones, en el que se conocerá con más detalle "lo que piensa en relación a la pena".

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