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El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será aún más dependiente del poder político que el actual, ya que los dos partidos mayoritarios se han repartido casi a partes iguales el control del órgano de gobierno de los jueces. Tras el acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ, tan sólo uno de sus 20 vocales puede considerarse neutral, es decir, ajeno a socialistas y populares o no adscrito a ninguna de las dos asociaciones judiciales afines a ambos partidos.

Tras meses de intensas negociaciones, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, y la del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, cerraron ayer el pacto para la renovación total del CGPJ, que se mantenía en funciones desde hace casi dos años precisamente por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. De los 20 vocales designados -cuyo nombramiento deberá ser ratificado la próxima semana por el Parlamento-, nueve han sido propuestos por el PSOE y otros nueve por el PP, mientras que los dos restantes se los reparten  CiU y el PNV.

La afinidad política de los nuevos miembros del CGPJ está fuera de toda duda: todos los vocales propuestos por el PSOE pertenecen a la asociación Jueces para la Democracia (JpD), de tendencia progresista y muy próxima a los socialistas, o bien se mueven en la órbita del partido; mientras que los candidatos del PP son miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), notoriamente vinculada a los populares, o bien no ocultan sus simpatías hacia esta formación. Sin embargo, la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), de corte moderado y equidistante de los dos grandes partidos, sólo ha logrado colar a uno de sus afiliados en la lista, a pesar de que es el segundo colectivo judicial en número de asociados, sólo por detrás de la APM. Se trata de Manuel Torres Vela, de 52 años, presidente de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Pero aún llama más la atención que ni un solo juez o magistrado no asociado, es decir, independiente de las tres grandes asociaciones del gremio, haya sido incluido por el PSOE y el PP en la lista. Sobre todo teniendo en cuenta que los no adscritos, que habían presentado cuatro candidatos, representan casi la mitad de los aproximadamente 4.200 jueces que ejercen en España. El actual CGPJ sí cuenta en sus filas con tres vocales no asociados: Agustín Azparren, José Merino y Juan Carlos Campo.

"Es un fraude de ley y un desprecio a la independencia del Poder Judicial", se lamentaba ayer Lorenzo del Río, portavoz de la AFV, tras conocer el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, fruto del pacto institucional que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sellaron durante su encuentro en La Moncloa el pasado mes de julio. "Lo que han hecho el PSOE y el PP es vergonzoso, porque la elección de los vocales debe hacerse con criterios de proporcionalidad y representatividad social. Es una afrenta a la sociedad y a la configuración constitucional del Consejo. ¿Dónde quedan las promesas de los dos grandes partidos de impulsar un Poder Judicial menos politizado y no dividido en dos bloques antagónicos? ¿Para esto hemos esperado dos años con un Consejo en funciones?", se preguntaba el portavoz de la AFV.

Afinidad partidista

Alonso y Sáenz de Santamaría coincidieron ayer en destacar el "perfil profesional y técnico" de los 20 vocales. El portavoz del PSOE aseguró que la composición del nuevo CGPJ introduce "estabilidad" en una institución que había sufrido un importante "desgaste", y su colega del PP resaltó el "equilibrio" de los candidatos. Sin embargo, uno y otro pasaron por alto la afinidad partidista de prácticamente todos los jueces y magistrados propuestos. "Nadie discute la profesionalidad de los nuevos vocales, pero llama poderosamente la atención que en la lista no haya un solo juez o magistrado no afiliado", señalaba ayer a El Confidencial uno de los miembros del actual CGPJ.

Para ilustrar la dudosa imparcialidad de los vocales propuestos por los dos partidos mayoritarios bastan algunas muestras. El PSOE, por ejemplo, ha incluido en la lista a Margarita Robles, que fue primero subsecretaria del Ministerio de Justicia y más tarde secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González; o al abogado y catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, que ha defendido al PSOE en numerosas causas políticas, entre ellas la querella presentada contra los tránsfugas socialistas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

En el PP, por su parte, destaca la designación de Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, que ha jugado un papel determinante a la hora de sentar en el banquillo a varios altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha por el incendio ocurrido en Guadalajara en 2005, en el que murieron 11 personas; o la de Gemma Gallego, jueza instructora del llamado caso del ácido bórico, por el que fueron procesados varios policías, luego absueltos, que fueron víctimas de la fallida hipótesis que vinculaba a ETA con los atentados terroristas del 11-M; o la de Fernando de Rosa, actual consejero de Justicia en la Generalitat valenciana. 

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