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 El ministro de Sanidad, Bernat Soria. (Efe)

Para muchos españoles la muerte puede dejar de ser un fenómeno inesperado y fatal. Con el desarrollo de la ley del paciente (aprobada por el PP en 2002) y, sobre todo, con el anuncio de Bernat Soria, el domingo en las páginas de El País, de que el Gobierno tiene previsto regular el suicidio asistido en esta legislatura, todos los ciudadanos deberán dedicar un momento de su vida a pensar cómo quieren morir en caso de enfermar o sufrir una dolencia incurable.

De acuerdo con la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), doce mil personas, entre el 2 y el 3% de los enfermos, podrían acogerse al suicidio asistido en caso de aprobarse una ley que lo permita. Doce mil personas para las que en la actualidad, según César Caballero, portavoz de esta asociación, los cuidados paliativos no son suficientes. Por ello, esta asociación valora positivamente la iniciativa del ministerio de Sanidad, pero pide celeridad, para que se culmine en la presente legislatura.

La AFDMD lleva años luchando por que la legislación española reconozca, como sucede en Holanda y Bélgica, el derecho de los enfermos a que un médico acabe con su vida en casos de que se produzca un gran sufrimiento, debido a una enfermedad incurable que el paciente experimenta como inaceptable. En agosto, representantes de esta asociación se reunieron con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo para explicarle su posición. No obstante, Caballero señaló que no esperan que el Gobierno se ponga en contacto con ellos para elaborar el texto de la futura ley, ya que su postura es de sobra conocida para las formaciones políticas, y el ministerio ya cuenta con un comité de ética.

Además de los enfermos que ya se encuentran incapacitados y que necesitan de otra persona para morir, Caballero relató el caso trágico de quienes deciden suicidarse cuando todavía son autónomos, antes de que su enfermedad les impida poder acabar con su vida. “Hay personas que están disminuyendo su vida, pierden dos o tres años al precipitar el suicidio porque no hay una ley de suicidio asistido”, aseguró Caballero.

Respaldo social

En la web de la asociación se puede encontrar una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en marzo de 2007, según la cual nueve de cada diez médicos consultados había practicado alguna medida que, directa o indirectamente, pudo acelerar la muerte de un paciente terminal, un paciente que sufría una enfermedad avanzada, progresiva e irreversible. Las razones que señalaron los médicos por las que se les solicita que aceleren la muerte son: un dolor insoportable (41%), perder el sentido de la vida (19%), miedo a sentir dolor (8%), miedo al deterioro físico (7%), sentirse una carga familiar (7%), depresión (6%).

Además, AFDMD recoge otra encuesta del CIS que muestra que el 62% de la población se mostró favorable a que un enfermo incurable tenga derecho a que los médicos proporcionen algún producto que ponga fin a su vida. Entre los médicos, el 59,9% estaba de acuerdo en 2002 con que se cambiara la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido. Por último, en el caso de los jóvenes, en 2006, el 76% estaba de acuerdo con que se ayudara a morir a un enfermo terminal que lo solicitara.

Críticas al PP

Caballero advirtió que no se trata de una cuestión de izquierda o derecha, y acusó al PP de “tomárselo a chirigota”. El portavoz de AFDMD contestó así a las declaraciones de Esteban González Pons, portavoz popular, que calificó la propuesta de Sanidad como “liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social”. “Es peligroso que el PP navegue en esas aguas, porque el 60% del electorado está a favor del suicidio asistido”, subrayó Caballero, que recordó que entre los socios de AFDMD hay también afiliados al PP y católicos. “Solo una minoría, como la que Conferencia Episcopal está en contra”, concluyó Caballero.

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