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El que no tiene padrino no se bautiza. El refrán le viene pintiparado a los veinte vocales concertados por PSOE y PP para constituir el nuevo Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Aquí el  padrino es de naturaleza política: derecha o izquierda, tirios o troyanos, PP o PSOE, que cortan el bacalao a escondidas y en comandita. No hay más remedio si se quiere superar sin turbulencias el protocolo de una votación supercualificada: nada menos que tres quintas partes del Congreso y, en su caso, del Senado.

Por eso es imprescindible la cocina previa y el acuerdo obligado PSOE-PP en todos y cada uno de los veinte nombres propuestos. Y por eso las legítimas aspiraciones de los 12 jueces y los 8 juristas de reconocido prestigio al coche oficial o a colmar una irrefrenable vocación de servicio a la causa de la Justicia -alguno habrá en este segundo caso, digo yo-, pasan necesariamente por ponerse a la sombra de uno de los dos grandes partidos políticos de base parlamentaria.

Los servicios prestados es una buena vía de entrada en la quiniela ganadora. Pero la más ortodoxa, y también la más disputada en el caso de los jueces (hay más candidatos), es la vinculación ideológica por afinidad asociativa. O la vinculación asociativa por afinidad ideológica, casi mejor. Me refiero a las asociaciones profesionales como cantera de los 12 nombres de extracción judicial. Se vista como se vista, las dos grandes reproducen el esquema clásico derecha-izquierda y, más allá de las apariencias, que en algunos casos ni se molestan en cuidar, sintonizan casi mecánicamente con el PP (Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria) o con el PSOE (Jueces para la Democracia).

El sistema reserva siempre un cupo para los 'independientes'. Es decir, para los no inscritos en ninguna de las tres mayores asociaciones judiciales (la Francisco de Vitoria, además de las dos citadas previamente), que solían entrar en la quiniela no en brazos de dichas asociaciones, aunque formalmente debían ser propuestos por ellas, sino por la presentación de una cierta cantidad de avales. En la composición del actual Consejo, que se mantiene con respiración asistida desde que agotó su mandato el 7 de noviembre de 2006, había tres vocales sin vínculo asociativo. En el próximo no habrá ninguno, aunque aproximadamente la mitad de los profesionales no pertenecen a ninguna asociación. Van por libre. Y esta vez quienes van por libre se han quedado fuera del CGPJ. Como si no hubiera vida corporativa fuera de las asociaciones judiciales y las afinidades políticas personales, que han sido las dos palancas de promoción.

Total, que todos los propuestos por el PP pertenecen a la 'conservadora' APM. Y todos los propuestos por el PSOE, a la 'progresista' Jueces para la Democracia, excepto uno de la  Francisco de Vitoria, de corte profesional y con aspiraciones de conseguir la despolitización de la Justicia. Lo tiene crudo. Al menos a corto plazo. De momento, la politización se ha vuelto a abrir paso descaradamente. Sobre todo en el bloque de los ocho juristas "de reconocido prestigio", pero también en los de extracción judicial, donde algunos de los propuestos intervinieron en casos de fuerte contenido político como el incendio de Guadalajara, el caso Tamayo y el ácido bórico.

Esto es lo que hay. Lo que habrá en el gobierno de los jueces donde, entre otras cosas, se cocinan los nombramientos para presidir los altos tribunales. También el del Tribunal Supremo, que a su vez lo es del propio CGPJ, y que será elegido por los nuevos vocales cuando éstos a su vez hayan sido elegidos en el Congreso (16 de septiembre, diez) y en el Senado (17 de septiembre, los otros diez). Al menos los dos vocales propuestos por los nacionalistas vascos y catalanes, de extracción no judicial, Margarita Uría y Ramon Camp, respectivamente, no disimulan. Han sido dirigentes y parlamentarios del PNV y de CiU. Sin trampa ni cartón.

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