Corbacho anunció en el Congreso el pasado 26 de mayo que en julio estaría listo para su aplicación un plan de retorno a sus países de origen de inmigrantes desempleados, y aseguró que, según sus cálculos, más de un millón de extranjeros se beneficiarían del mismo. El plan tenía como destinatarios a los inmigrantes extracomunitarios en situación legal que hubiesen perdido su puesto de trabajo y que, a cambio de renunciar a su permiso de residencia y comprometerse a no regresar a España antes de tres años, percibirían en dos únicos pagos adelantados –el 40% ahora y el 60% restante ya en sus países– la prestación por desempleo que les correspondiese.

El titular de Trabajo presentó su plan al Consejo de Ministros a mediados de julio, asegurando que ayudaría a recortar la factura de las prestaciones por desempleo y a reducir el impacto de la inmigración en el gasto social. Pero para entonces sus optimistas previsiones iniciales de más de un millón de beneficiarios ya se habían desmoronado como un castillo de naipes. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, rebajó públicamente esa cifra a unos 100.000 inmigrantes, y aún así tuvo que matizar que "eso no significa que todos ellos vayan a solicitar las ayudas". Poco después, el propio Corbacho se vio forzado a reconocer que, finalmente, no se presentarían más de 10.000 solicitudes.

El error de cálculo cometido por Corbacho fue clamoroso, ya que ni siquiera consultó su plan a las asociaciones de inmigrantes. De haberlo hecho, éstas muy probablemente le habrían advertido de que, en el mejor de los casos, los únicos interesados en acogerse al mismo serían los inmigrantes que llevan al menos cinco o seis años en España y han cotizado el tiempo suficiente para cobrar la prestación por desempleo, pero que, al haber adquirido compromisos para el pago de una hipoteca o la compra de un coche, tienen ahora mucho más difícil deshacerse de esas cargas antes de regresar a sus países.  Una abrumadora mayoría de inmigrantes, según coinciden en señalar todas las asociaciones, prefiere cobrar el paro en España y aguardar a que la crisis económica amaine antes que regresar a un futuro más que incierto en sus países de procedencia.

Huir de la xenofobia

Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno, ante tan aplastantes evidencias, ha decidido aparcar por ahora el plan de retorno de Corbacho, que el pasado viernes ya se ganó una dura reprimenda de De la Vega por anunciar que, para hacer frente al desbocado índice de desempleo, la contratación de trabajadores en el extranjero se reduciría el próximo año a un nivel que "se aproximará a cero". La vicepresidenta le desautorizó sin miramientos al afirmar que la política de inmigración del Gobierno "no ha cambiado", y que en 2009 "se realizarán las contrataciones en origen que se necesiten".

Según esas fuentes, el plan de retorno de Corbacho apenas tendría incidencia sobre la factura final de las prestaciones por desempleo, dado que las estimaciones más realistas de posibles beneficiarios supondrían un ahorro casi inapreciable. Además, tampoco serviría para suavizar las cifras del paro, que alcanza ya al 11% de la población activa. De ahí que, ante la perspectiva de obtener tan exiguos beneficios, el Gobierno ha preferido salvar su imagen progresista y evitar el riesgo de que su política de inmigración sea tachada de xenófoba por algunos partidos de la oposición y colectivos de inmigrantes que han empezado a denunciar el giro a la derecha de José Luis Rodríguez Zapatero en esta materia.

El nombramiento del duro Corbacho como ministro de Trabajo, según reconocen las fuentes consultadas, ya supuso una clara indicación de que la política del papeles para todos de su antecesor en el cargo, Jesús Caldera, había tocado a su fin. "Pero tampoco podemos pasar, por mucho que la situación económica haya empeorado, de una cierta tolerancia a vincular inmigración y desempleo, como da a entender Corbacho. O peor aún: a decir que, en una situación de crisis, los parados españoles tienen preferencia", añaden las citadas fuentes.

Pese a ser desautorizado en toda regla por De la Vega, el ministro de Trabajo insistió ayer en su tesis de frenar la contratación de inmigrantes en origen. En una entrevista en La Vanguardia, Corbacho dijo que "no tiene sentido ir a buscar más albañiles a Rabat o a Quito si los de aquí están en paro".