Por el tiempo que ha pasado desde que en octubre de 2006 el TC recibiera más de media docena de recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, las deliberaciones sobre los mismos ya deberían de estar concluidas y la decisión –colegiada, aunque con votos particulares- tomada. De hecho, se esperaba para antes de las elecciones generales, pero el TC ha ido pinchando en hueso una y otra vez.

El Tribunal ha venido haciendo lo que convenía al Gobierno, y en la memoria de todos permanecen algunas escenas muy significativas con su presidenta y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como protagonistas –con ‘bronca’ considerable de la segunda a la primera durante un acto del Día de la Hispanidad-. De hecho, más o menos se puede adivinar el resultado de sus deliberaciones según la procedencia de sus magistrados.

Hoy por hoy, podría producirse un empate en el Tribunal, que tendría que ser resuelto con el voto de calidad de María Emilia Casas. Si ésta lo hace atendiendo a los intereses del Gobierno, el escándalo podría ser considerable. El miedo a ese escándalo fue lo que hizo que el TC tampoco aprovechara la circunstancia del fallecimiento de Roberto García Calvo –conservador- para dictar sentencia. Demasiado evidente. De hecho, es más que probable que no lo haga hasta que se produzca su sustitución.

Algo que puede ocurrir en las próximas semanas al tiempo que se renuevan, también, los cargos del Consejo General del Poder Judicial. El PP ya tiene nombre –que guarda celosamente- para sustituir al magistrado fallecido, y parece dispuesto a que sea también del agrado de la otra parte, es decir, el Gobierno. Pero nada de todo esto justifica el retraso en dictar sentencia sobre el Estatuto... ¿Cómo es posible que tarde tanto y, sin embargo, se mostrara diligente respecto del Estatuto de la Comunidad Valenciana?

Discrepancias en el Gobierno

En principio, la actual presidenta, María Emilia Casas, es partidaria de adelantar la decisión antes de que se produzca la renovación, es decir, en los próximos meses. Una postura compartida por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, para quien esa sentencia es clave a la hora de sentarse a negociar el nuevo Sistema de Financiación Autonómica. De hecho, Solbes confía en que el TC le resuelva la papeleta declarando inconstitucional esa parte del Estatuto.

Lo dijo en su tardía comparecencia sobre financiación autonómica hace poco más de una semana, no directamente, pero sí recordando jurisprudencia del TC en esta materia que, claramente, se opone tanto a la bilateralidad incluida en el Estatuto de Cataluña, como a la insolidaridad que supondría su aplicación. Solbes tiene prisa –tres meses es la promesa hecha por el Gobierno a la Generalitat de Cataluña- por cerrar un acuerdo y necesita una sentencia del TC que le ayude a hacerlo sin crear problemas con el resto de la Comunidades Autónomas, principalmente las de signo socialista.

Esa es la necesidad de Solbes que, sin embargo, en este caso no coincide con la del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Éste necesita, al contrario, que el TC avale el Estatuto, primero porque lo contrario sería un revés a su propia actuación durante la pasada legislatura, y segundo porque le abriría un frente insostenible con los partidos catalanes, entre ellos el propio PSC, socio parlamentario del PSOE, aportando aún más inestabilidad a la legislatura.

Al PP, cualquier cosa le conviene

Un enredo para el Gobierno que, en cualquier caso, promete salir no muy bien parado sea cual sea la decisión del Alto Tribunal, y una situación de la que el principal partido de la oposición, el PP, solo parece sacar réditos electorales. El retraso ya es, de por sí, una situación que pone en evidencia al Ejecutivo y al propio TC al cuestionar su independencia del poder político. Y si la sentencia no está antes de la renovación, la cosa promete alargarse todavía unos cuantos meses más y de manera favorable al PP.

Y es que el cambio de magistrados puede traerle problemas al PSOE, que tiene en el conservado Guillermo Jiménez a un posible aliado –votó con los ‘progresistas en el estatuto Valenciano- que, sin embargo, debe abandonar el TC antes de diciembre junto a la propia Casas y los también conservadores Vicente Conde y Rodríguez Zapata. El equilibrio de fuerzas podría volverse otra vez favorable a los intereses del PP, y no sería razonable que el Gobierno iniciara de nuevo el camino de las recusaciones.

Y si el TC resuelve antes de diciembre, cualquier opción es buena para el PP. Una sentencia favorable al Estatuto con el voto decisivo de desempate de la presidenta supondría, como se ha dicho, un escándalo de considerables proporciones. Y una sola línea del Estatuto declarada inconstitucional sería, para el PP, un éxito frente al Gobierno de Rodríguez Zapatero que siempre apostó por la absoluta constitucionalidad de la totalidad del texto. Lo dicho, una encrucijada.