El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se sumó ayer a quienes proponen que los altos cargos del Estado (diputados, senadores, alcaldes y concejales) vean congelado el año que viene su sueldo. La propuesta no es nueva. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció una iniciativa similar hace algunas semanas, y la ejecutiva del Partido Socialista ha anunciado que impulsará en las administraciones que gobierna la congelación del sueldo de los altos cargos en coherencia con el deterioro de la situación económica.

Habrá quien piense que se trata de una medida valiente que dice mucho en favor de la clase política española, pero realmente estamos ante una decisión demagógica cuyo único objetivo es mostrar a la opinión pública que también los gobernantes se aprietan el cinturón. Lo peor, con todo, es que con este tipo de decisiones sólo se conseguirá profundizar en la mediocridad actual de la clase política, alejada de la España real de manera clamorosa. Si algo necesita este país es, precisamente, que la cosa pública atraiga, incluso cautive, a los ciudadanos, para lo cual es fundamental que existan incentivos económicos. De lo contrario, sólo se abundará en la situación actual, en la que los mejor preparados se van a la empresa privada ante el escenario de ruina económica que les depara la función pública.

Ni que decir tiene que la medida tendrá un insignificante impacto económico, lo que refleja de manera todavía más nítida su objetivo propagandístico. Frente a lo que suele creerse, una administración pública dotada de altos funcionarios solventes -por supuesto bien pagados- es la mejor garantía de que las cosas se harán de la manera más correcta para los intereses colectivos. De lo contrario, como se ha dicho, es muy probable que sólo los arribistas busquen una plaza asegurada en la Administración, lo que sin duda tendría efectos perniciosos para el conjunto de los ciudadanos.

Pagar bien a los altos cargos no es, sin embargo, una condición suficiente para que la cosa pública funcione mejor, aunque sí necesaria. En un sistema electoral de listas cerradas como es el español, parece evidente que subir el sueldo sin más sólo beneficiaría en estos momentos a los funcionarios del partido, elegidos en su mayoría en relación a su grado de afinidad con el líder político de turno. Pero no por su capacidad creativa o sus conocimiento técnicos, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que se trata de altos funcionarios que manejan y toman decisiones sobre el destino de cientos o miles de millones de euros.

Listas abiertas

Es, por lo tanto, necesario caminar hacia un sistema de listas abiertas que permita a los ciudadanos elegir entre los mejores, para lo cual se requiere competencia entre los candidatos, lo que desde luego no tiene nada que ver con convertir a la cosa pública en un ‘negocio’ para la clase política vacía de ideología. La política, eso es obvio, no puede convertirse en una meritocracia, pero tampoco un club de correligionarios que se hacen con el poder en el marco de un sistema parlamentario que se parece mucho a un oligopolio cuasi perfecto.

El salario de los cargos públicos es un viejo debate en cualquier sistema parlamentario. No es, por lo tanto, un asunto exclusivamente español. Sin embargo, en este país se ha orillado la discusión porque ninguno de los grandes partidos se atreve a decir lo que en privado manifiestan. Que muchas de las mejores cabezas del país se niegan a ser incluidas en las listas electorales por razones económicas, lo cual produce un efecto perverso. La acción política se convierte en demasiadas ocasiones en un trampolín hacia la empresa privada, lo que supone una especie de paga diferida en el tiempo.  De ahí al tráfico de influencias hay un paso, y por eso parece obvio que haya que evitar que la función pública se convierta en una suerte de escaparate profesional. O en un reino de mediocres.