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 Mariano Fernández Bermejo. (Efe)

El pasado 23 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaron en La Moncloa el endurecimiento de las penas para los delitos sexuales. El consenso entre ambos líderes tuvo lugar en el marco de la conmoción social que provocaron casos como el de la niña Mari Luz o el llamado Nanysex. Un mes antes, en junio, el Congreso aprobó varias medidas que instaban al Gobierno a crear un registro nacional de pederastas. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, asistió a este debate en la Cámara. Sin embargo, el asunto pareció caer en el olvido hasta que, una vez más, el caso de un pederasta reincidente ha acaparado la atención de la opinión pública.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aprovechó ayer una rueda de prensa para anunciar que enviará en otoño al Parlamento el proyecto de ley que integra las nuevas medidas de seguridad para controlar a los pederastas. Dado que el ministro no concretó una fecha, y que los trámites parlamentarios llevan su tiempo, el endurecimiento de las penas y los controles para este tipo de delincuentes se demorarán todavía varios meses. Federico Trillo, coordinador del área de Justicia del Partido Popular, reclamó ayer al Gobierno que ponga ya en marcha las medidas consensuadas en el Congreso en junio, ya que, a su juicio, son “de una urgencia inaplazable”.

El proyecto del ministerio de Justicia prevé agravar las cuantías de las penas de cárcel, contemplar el cumplimiento íntegro de la condena, y vigilar a aquellos que salgan de prisión con altas posibilidades de reincidir. En la actualidad no es legal aplicar vigilancia policial a un ciudadano que ha cumplido su condena, por lo que será necesario un cambio legislativo que permita este control. En cuanto a los modos por los que se podría ejercer esta vigilancia, desde Justicia se reconoce que resulta inviable asignar un policía a cada pederasta, por lo que se barajan medios electrónicos, como las pulseras localizadoras. Además, Bermejo explicó que para aquellos pederastas reos con un “mal pronóstico” se está estudiando la posibilidad de obligarles a someterse a "un tratamiento que resulte eficaz", algo que en la actualidad es voluntario.

Además, Justicia espera que el llamado registro de pederastas esté listo para enero de 2009. Se trata de una modernización del sistema informático del Registro Central de Penados y Rebeldes, donde constan los antecedentes penales en virtud de los datos que envían los juzgados y tribunales. Aquí se pretende establecer un apartado específico que reúna a los pederastas, de modo que facilite el trabajo de jueces y funcionarios, y evite casos como el del supuesto asesino de Mari Luz, que ya había sido condenado por abusos sexuales a su hija.

Sanción para el juez Tirado

Por otra parte, Bermejo consideró que la sanción que pide el fiscal por una falta muy grave para el juez de Sevilla Rafael Tirado por el caso Mari Luz “defiende mejor los intereses generales”, que la postura del Consejo General del Poder Judicial, que la califica de infracción grave. La diferencia estriba en que mientras la sanción propuesta por el instructor del expediente del CGPJ puede limitarse a una multa máxima de 3.000 euros, el castigo por la infracción muy grave que pide la Fiscalía puede significar la suspensión por hasta tres años, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial. Para Bermejo, la posición de la Fiscalía "es muy ajustada a la realidad de lo acaecido".

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