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De los ocho expertos fichados por el Ministerio de Igualdad para reflexionar sobre la futura ley del aborto, al menos cinco defienden posturas favorables a ampliar la legislación actual al respecto con una norma más flexible. Es el perfil que compone el Comité de Expertos presentado ayer por Bibiana Aído y que orientará las bases de una ley que prevé presentar en el Parlamento durante el primer semestre de 2009. Según el Foro Español de la Familia, en el grupo “no hay nadie que defienda la cultura de la vida”.

El trabajo de estos ‘sabios”, de un "alto nivel científico e intelectual", según señaló ayer la ministra, se desarrollará durante los próximos seis meses de forma paralela al debate que se lleve a cabo por parte de todas las fuerzas parlamentarias en una subcomisión del Congreso. Entre los ocho expertos, especializados en el derecho penal y la medicina, destacan los nombres de cuatro catedráticos y de varias personas claramente demarcadas a favor de una ley de plazos que contemple el aborto libre dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Es el caso, por ejemplo, de Consuelo Catalá Pérez, quien fue la primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Ella aparece como una de las firmantes de una carta remitida a la ministra de Igualdad en la que se urge al Gobierno a reformar la actual ley. Entre otras cosas, el texto habla sobre la injusticia del actual marco legal: “Las leyes españolas no reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, pues el aborto voluntario es un delito penado con cárcel, tanto para la mujer gestante como para el personal sanitario, salvo en tres excepcionales circunstancias. Tales condiciones son injustas en sí mismas y condenan a muchas mujeres a una maternidad no deseada o al aborto clandestino o en otro país”.

Consuelo Catalá aboga también por que sea la mujer quien tenga la última palabra sobre su embarazo. “Todo el camino recorrido en las políticas de igualdad durante el siglo XX y los avances a los que asistiremos durante el siglo XXI deben ir en dirección al reconocimiento de la autoridad de las mujeres”, escribía recientemente en un artículo de opinión. “Las políticas públicas deben contemplar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañarlas en su decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud”, añadía.

Uno de los primeros médicos en practicar abortos

Entre los miembros del Comité destaca también el nombre de Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de obstetricia y ginecología del hospital Severo Ochoa. Se trata de uno de los primeros médicos de España en realizar abortos en centros públicos en el año 1987, cuando empezó a funcionar el hospital de Leganés.  Es un firme partidario de que "lo importante son los derechos de las mujeres". "Lo que no puede ser es que con la excusa de la objeción los médicos se nieguen a hacer unas intervenciones que tienen más carga emocional, como los abortos, y prefieran hacer otras más gratificantes. Yo siempre intenté equilibrarlo. Si un médico empieza negándose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y después a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema público", señala.

Ley de plazos

Pero quizá otro de los miembros más significativos del comité de expertos sea el de Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. En su amplia bibliografía destacan títulos como “Otra vez el aborto: el inevitable camino hacia un sistema de plazos” o “El aborto en la legislación española: una reforma necesaria”. En esta última obra, Laurenzo señala que la actual ley de 1985 supone una “inseguridad jurídica” porque quienes participan en un aborto pueden verse sometidos a un control judicial posterior y porque “refuerza un papel puramente pasivo de la mujer, cuya decisión siempre queda a expensas de las valoraciones sobre la concurrencia de indicaciones que realicen terceras personas”.

Para corregir estas deficiencias, Laurenzo propone, entre otras cosas, modificar la ley para “dar relevancia con carácter general al consentimiento de las menores de edad que hayan cumplido los 16 años” y por “la impunidad de todo aborto realizado durante la primera fase del embarazo, durante la cual la decisión última está en manos de la mujer”, para que “un novio despechado, un marido indignado por el anuncio de separación o por los padres contrarios al aborto de una menor de edad” no puedan contrariar la decisión de la mujer.   

Completan el grupo, otros nombres de destacadas feministas como la ginecóloga Elena Arnedo Soria o María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género, que ha representado a más de 14.000 mujeres. Les acompañan también, además de cinco representantes de los ministerios de Justicia, Sanidad y Presidencia los catedráticos José Luís González Cussac, José María Bedoya Bergua y Francisco Donat Colomer.

El objetivo del Gobierno es presentar durante el primer semestre del año 2009 un nuevo proyecto de ley que se base en las conclusiones del Cómité. Bibiana Aído no quiso aclarar ayer si la futuro norma irá por el camino de una ley de plazos, pero anunció que se estudiará las leyes de otros países más avanzados para incorporar "lo mejor de la legislación en el mundo".

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