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Viajes, dietas, luz, teléfono... El Gobierno está decidido a meter la tijera en todos los gastos corrientes de las administraciones públicas en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y no tanto por el ahorro que supondrá ese recorte -apenas una gota de agua en el océano de la crisis económica- como por trasladar a los ciudadanos la imagen de que la clase política también se aprieta el cinturón. Pero no todos los dirigentes socialistas parecen dispuestos a aplicar el plan de austeridad que José Blanco anunciaba esta misma semana. Un ejemplo: Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, acaba de dilapidar 300.000 euros en una subvención a UGT y CCOO para fomentar la "sensibilización ambiental en materia de agua" de ambos sindicatos. No es ninguna broma. Y aunque lo fuera, es muy probable que a muchos andaluces agobiados por la crisis no les hiciese ninguna gracia.

Blanco anunció solemnemente el pasado lunes, al término de la reunión de la Ejecutiva socialista presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, que el PSOE exigirá a todos sus cargos públicos, tanto en comunidades autónomas y ayuntamientos como en la Administración central, un "esfuerzo de austeridad" para hacer frente a la crisis económica y "dar ejemplo". Pero sólo 10 días antes, bajo el aguacero incesante de pésimos indicadores económicos, la Junta de Andalucía otorgaba casi en secreto sendas subvenciones a UGT y CCOO de 150.000 euros cada una. Esas ayudas -por supuesto a fondo perdido- no irán destinadas a programas para fomentar la contratación juvenil, combatir la precariedad laboral, reducir la siniestralidad en el tajo o cualquier otro proyecto relacionado con el empleo, sino que servirán para un objetivo muy alejado de la actividad sindical: "la realización de un proyecto de información y sensibilización ambiental en materia de agua".

Así consta en la resolución de la Agencia Andaluza del Agua publicada el pasado 20 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La resolución, dada a conocer en pleno periodo estival, pasó prácticamente inadvertida. Y lo mismo ocurrió el 31 de julio, cuando fue aprobada. Ese día, la víspera de que el país cerrase por vacaciones, la agencia, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, aprobó casi a escondidas la concesión "con carácter excepcional" de las millonarias subvenciones a los dos sindicatos mayoritarios, que se harán efectivas en tres anualidades.

Del texto de la resolución parece desprenderse que UGT y CCOO se gastarán esos 300.000 euros en "informar" y "sensibilizar" a la opinión pública sobre los problemas derivados de la escasez de agua. Pero nada más lejos de la realidad. Quienes van a ser concienciados son... los propios dirigentes de ambas centrales sindicales. Así, al menos, lo reconoció ayer a El Confidencial Jesús Landa, técnico adjunto de la Secretaría de Medio Ambiente de CCOO. Según Landa, los 150.000 euros de subvención se emplearán en "hacer un libro que recoja las opiniones de expertos del agua y sirva para ampliar nuestro punto de vista sobre el asunto, organizar un seminario para que el sindicato unifique sus criterios sobre la gestión del agua y celebrar un encuentro interno de sensibilización".

Lo que hará UGT con sus 150.000 euros es una incógnita, ya que ningún dirigente de ese sindicato quiso ayer dar explicaciones a este periódico. Tampoco la Agencia Andaluza del Agua accedió a aclarar las razones para la concesión de las subvenciones a ambos sindicatos.

Mucho más locuaces se mostraron en el PP de Andalucía. Su portavoz en el Parlamento autonómico, Esperanza Oña, acusó al Gobierno de Chaves de pretender “una mayor docilidad de los sindicatos” en plena crisis económica. Para Oña, esas subvenciones a UGT y CCOO son “poco claras y, al parecer, bastante oportunas, a juzgar por las declaraciones de algunos dirigentes sindicales en favor del Ejecutivo autonómico. UGT le ha llegado a pedir a los trabajadores que no se quejen tanto y que no vayan en contra del Gobierno”.

Oña recomienda a ambos sindicatos que “no se dejen comprar por un Gobierno andaluz que lo compra todo, y que defiendan los derechos de los trabajadores”, ya que, según recuerda, Andalucía es la comunidad con más paro de España. Además, la portavoz popular considera que la Junta de Andalucía podría haberse ahorrado los 300.000 euros llevando a cabo la campaña de “sensibilización” con sus propios medios. “Todas estas subvenciones poco claras hacen pensar en un intento de compra de opiniones y de voluntades por parte del Gobierno de Chaves”. 

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