(1/5 | 1 voto)

Lo bueno que tiene vivir en un Estado de Derecho es que cualquier ciudadano, incluyendo en el término desde el Rey hasta el último español incluido en el censo, tiene derecho a defenderse en los tribunales de los insultos, las injurias, falsos testimonios, etcétera que contra él puedan derivarse en los medios de comunicación –entre otras muchísimas cosas, claro-. Un ejemplo reciente ha sido la doble sentencia que ha condenado a un destacado comunicador, amén de periodista, a pagar una considerable suma indemnizatoria a otros dos personajes públicos –político y periodista- que se sintieron ultrajados por el primero. Pero, en ningún caso –con la excepción del secuestro de El Jueves hace un año-, la ley debería actuar contra la libertad de expresión y, de hecho, aparentemente no lo hace. Es decir, no se trata de matar al mensajero, sino de vitar que el mensajero se exceda en el uso de su propia libertad.

¿Qué ocurre cuando, en el uso de esa libertad, se hace una crítica a un juez y los propios jueces reclaman sanciones al medio que la ha hecho? Entonces es cuando entramos en un terreno mucho más peligroso. El diario El Mundo ha hecho un juicio de valor –muy acertado, por otra parte- al juez Garzón por su decisión de abrir una causa general al franquismo sobre la base de las desapariciones durante la guerra y la dictadura, recordándole sus equivocaciones en otros sumarios como el del 11-M y su decisión de no querer investigar el ‘chivatazo’ que desde las filas del PSOE se hizo a los recaudadores de ETA para que no les detuviera la policía -¡ay, la memoria, que corta es!-. ¿Cuál ha sido la reacción? Pedirle al CGPJ que abra un expediente disciplinario al diario de la calle Pradillo. Y no es que lo pida el juez Garzón, es que lo piden algunos de sus compañeros, curiosamente aquellos que comparten con el su afan estelar y su sumisión a los designios gubernativos. ¿Dónde nos lleva esto? Pues a uno de los ataques más claros y contundentes a la libertad de expresión que hayamos podido vivir en treinta años de democracia. Y, ¡vaya!, que curioso, tiene que ocurrir con Rodríguez de presidente y con un juez que le ha bailado el agua al Ejecutivo hasta hacerle el caldo gordo del cocido.

En su editorial de ayer, el diario hace una afirmación que no deja de ser sorprendente –por el hecho de tener que hacerla- en los tiempos en los que vivimos: “las opiniones no son ‘injustas’ o ‘arbitrarias’, sin simplemente libres”. Desde estas mismas líneas he denunciado en numerosas ocasiones los riesgos que esa ‘libertad’ que en principio debería no sentirse amenazada, corre en nuestros días. Riesgos que nacen de una concepción patrimonialista del poder político, concepción que se extiende, por desgracia, a otros ámbitos como el judicial cuando al frente de determinadas salas de la Audiencia se encuentran, no magistrados libres e independientes, sino mercenarios que convierten su labor en una perfecta simbiosis con los intereses del Gobierno socialista y actúan no movidos por el afán de hacer justicia sino por el de servir a esos intereses. ¿Cómo puede entenderse, sino, la actitud del juez Garzón durante el proceso de negociación política con la banda terrorista ETA? Un juez no tiene la obligación de interpretar la ley en función de las estrategia políticas del gobierno de turno, sino la de, precisamente, estar por encima de esa coyuntura porque la ley debe ser independiente del color político del gobierno, mientras el Parlamento no la cambie. Y no fue el caso.

La amenaza, porque no puede calificarse de otra manera, del citado grupo de jueces con el magistrado Garzón a la cabeza, al diario El Mundo, supera todos los límites de lo tolerable en la medida del poder que acumula en sus manos un juez de la Audiencia Nacional, y nos hace recordar otros tiempos, no muy lejanos..., precisamente esos mismos tiempos que el juez quiere encausar. ¿Cómo va a juzgar el franquismo quien, a las órdenes –no directas, pero si tácitas- del Ejecutivo de Rodríguez, actúa igual que los jueces del franquismo contra las opiniones libres? ¿Qué autoridad moral puede tener Garzón para exhumar los cadáveres de la represión, cuando él mismo quiere convertirse en un represor de la libertad de expresión con el amparo entusiasta del poder vigente? ¿Bajo qué órdenes actúa? ¿Con qué ‘visto bueno’? Tal y como están las cosas, lo que habría que pedirle al Consejo General del Poder Judicial es que le abriera un expediente, no al diario, sino al juez, por extralimitación de sus funciones y por las muchas veces que ha interpretado la ley a su antojo y ha perdido su independencia y, en fin, su dignidad entregándosela en bandeja de plata a Rodríguez Zapatero.

(1/5 | 1 voto)

Enlaces patrocinados

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.

Ver más comentarios    Deja tu comentario

@Federico Quevedo

Federico Quevedo, nacido en Hamburgo (Alemania) hace 47 años, licenciado en Ciencias de la Información, está casado y tiene 4 hijos. Quevedo ha realizado su carrera profesional en medios como Radiocadena Española, Antena 3 Radio, Europa Press, La Gaceta de los Negocios, Actualidad Económica... Además es colaborador de Telemadrid, Popular TV, La Brújula de la Economía de Onda Cero y El Gato al Agua en Intereconomía. Autor del libro Pasión por la Libertad sobre el pensamiento político del ex presidente Adolfo Suárez.

MIENTRAS TANTO

Lo que sucede cuando el Estado se convierte en un paraguas con goteras  Carlos Sánchez

AL GRANO

La sombra del conflicto de los jueces sobre las urnas vascas y gallegas  Antonio Casado

Noviembre 2008

Diciembre 2008

Enero 2009