Baltasar Garzón se ha quedado solo en su empeño por investigar las desapariciones del Franquismo. Su objetivo no se comprende en la esfera judicial, que no entiende que el juez haya abierto diligencias antes de admitir a trámite las demandas de los familiares y antes de haberse declarado competente para juzgar el caso. Miembros de la magistratura y todas las asociaciones judiciales, tanto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, como la de carácter progresista Jueces para la Democracia, han mostrado sus reservas sobre la causa general abierta por el juez estrella de la Audiencia Nacional. Básicamente, por considerar que no está entre sus funciones llenar los vacíos dejados por la Ley de la Memoria Histórica y no cubiertos por el Gobierno.

Las asociaciones judiciales cuestionan abiertamente que se investigue judicialmente el número de desaparecidos durante la dictadura franquista. Y todos lo hacen por la misma línea: según Antonio García, portavoz de la APM, porque la vía penal no está prevista para dar lugar a la apertura de causas generales y, según Lorenzo del Río, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, porque la elaboración de un censo de desaparecidos es una cuestión que se podría haber impulsado exclusivamente desde el poder político. "La vía penal está para averiguar delitos y posibles sujetos responsables, pero no para otro tipo de cuestiones”, señaló. Miguel Ángel Jimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, también cree difícil que prospere una investigación y que ésta pueda concluir con una acusación por delito: “Tiene poco futuro”, señaló.

Y es que, en el fondo, ¿qué persigue Garzón? ¿Cuál es el hecho delictivo sobre el que basa su investigación? Y sobre todo, ¿a quién se persigue? Una causa penal tiene que estar enmarcada, tal y como recordó ayer el portavoz de la APM, en unas coordenadas de concreción. "Cuando un juez de instrucción actúa lo hace sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva y con la intención de depurar las responsabilidades de naturaleza penal en las que hubieran podido incurrir determinadas personas", señala García. "Tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es", añade Miguel Ángel Jimeno. “Un juez tiene determinadas unas competencias y entre ellas no está la de impulsar lo que el Gobierno no ha hecho, la creación de un censo de desaparecidos”, señala a este periódico una juez vinculada durante años a la Audiencia Nacional. “Lo que persigue no es objeto de derecho”, concluye.

Para que actúe un juez penal es preciso que existan unos hechos que puedan ser constitutivos de delito y que puedan ser perseguidos en la actualidad. Se trataría entonces de un delito de genocidio, que no prescribe, pero su incorporación a la legislación española es posterior a los hechos que se investigan y no se puede actuar con efectos retroactivos. El propio Baltasar Garzón, tal y como señalaba ayer este diario, descarta también indicios de un delito de genocidio en este caso.

Pero las críticas no solo le llueven a Baltasar Garzón desde las asociaciones de jueces. Dos vocales del Consejo General del Poder Judicial elevaron ayer similares críticas. Juan Pablo González aseguró que entre las competencias del magistrado no está el hacer “investigaciones históricas” o establecer censos de desaparecidos de la Guerra Civil. Otro vocal del máximo órgano de los jueces, José Luis Requero no dudó en calificar de "show judicial” la investigación abierta por Garzón.