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 Tomás Villanueva (i) vicepresidente de la Junta de Castilla y León. EFE

El caso de las supuestas irregularidades en la concesión de licencias para plantas de energía solar en Castilla y León continúa desgastando al Partido Popular en esta comunidad. El vicepresidente segundo y consejero de Economía del Gobierno castellanoleonés, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, comparecieron ayer en el parlamento autonómico, donde defendieron la legalidad de las autorizaciones para huertos solares y descargaron toda la responsabilidad sobre los funcionarios que están siendo investigados. Villanueva reconoció que a la Junta “no han gustado” las actuaciones “privadas” de algunos de sus cargos, pero insistió en que actuaron de espaldas a sus superiores, sin informar de que tenían intereses en las empresas a la que se concedían esas autorizaciones.

Ante las críticas del PSOE, que exige que la responsabilidad política no se quede en las seis dimisiones de funcionarios registradas hasta ahora, Villanueva advirtió que numerosos cargos electos, en referencia a diputados regionales o alcaldes, también tienen inversiones en el sector de las energías renovables. De hecho, Villanueva señaló que entre los procuradores del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León hay uno que posee inversiones en huertos solares.

La extensión de las sospechas entre cargos electos contrastó con la confidencialidad con que la Junta está llevando a cabo las investigaciones. En la actualidad hay trece expedientes de información reservada sobre funcionarios que podrían estar implicados, de los cuales solo uno ha terminado con la apertura de un expediente disciplinario. Éste ha correspondido a Javier Lasarte, ex secretario general de la Delegación Territorial de la Junta en León. Lasarte dimitió junto con Emilio Fernández, jefe de Industria en León; Ana Isabel Suárez, responsable de Fomento en León; Manuel Méndez, secretario de la Junta en Zamora; y Manuel Ballesteros, Jefe del Servicio de la Tesorería General. Sin embargo, el jefe de Servicio en Palencia y ex consejero de la Junta, Francisco Jambrina se ha negado a dimitir pese a las presiones del Gobierno autonómico, protagonizando uno de los episodios más pintorescos de la crisis.

El vicepresidente segundo, pese a reconocer la existencia de estas actividades “privadas”, explicó que la legislación española hace “muy difícil” que existan “tratos de favor” o “irregularidades” en la concesión de autorizaciones para plantas solares, que en Castilla y León alcanzan las 6.786. Así, Villanueva indicó que la Junta ha revisado especialmente las tramitadas en León, Palencia y Valladolid “sin apreciar trato de favor o irregularidades”. Pero el PSOE está convencido de que no se trata de una simple mala práctica de funcionarios.

Ana Redondo, viceportavoz de los socialistas en la Cortes castellanoleonesas, afirmó a este diario que los funcionarios afectados son de libre designación y, además, cuentan con un amplio currículo político, por lo que implican a sus superiores. “Hubo un fallo en el nombramiento y un fallo en la vigilancia”, dijo Redondo, quien exigió responsabilidades políticas, aparte de la responsabilidad penal que puedan hallar los tribunales. Para ello, la portavoz socialista confirmó que su grupo solicitaría una comisión de investigación en la Cámara. De esta forma, el PSOE quiere que el PP se retrate y pruebe su verdadera voluntad para esclarecer lo sucedido votando a favor de la comisión, o utilizando su mayoría absoluta para rechazarla.

Trama organizada

Para el PSOE, la prueba de que se trata de una trama organizada es que los funcionarios investigados obtenían las licencias para instalar huertos solares en provincias distintitas a donde ejercen su cargo. Los socialistas consideran también que el PP trata de proteger su imagen en la comunidad evitando el debate público sobre el caso. Los populares rechazaron que la comparecencia se produjera en agosto, con carácter de urgencia, y fijaron la cita en las Cortes para el 2 de septiembre, la víspera de que el pleno de esta Cámara debata sobre otro tema estrella: la financiación autonómica. En cuanto a la vía judicial, la Junta denegó la solicitud de la Unión del Pueblo Leonés para que trasladara su información a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León comenzó a investigar de oficio, dado que esta provincia es la más afectada por las supuestas irregularidades.

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