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La Fiscalía General del Estado discrepa sin embargo del criterio del Instructor al considerar que el juez Tirado, titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, debería ser sancionado por haber cometido una infracción "muy grave", por la que podría ser sancionado con "la suspensión por hasta 3 años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ", es decir, la separación de la carrera judicial.

La conclusión del instructor encargado del caso ha provocado las críticas de los partidos, que se unieron a la petición del PP de revisar el principio de responsabilidad judicial. Así, el PNV calificó como "manifiestamente insuficiente" la multa al juez y abogó por "retocar" el sistema disciplinario y sancionador en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sanción ridícula

IU también se sumó a estas protestas y su coordinador general, Gaspar Llamazares, tildó como "ridícula" la sanción a Tirado y apostó por incluir sanciones "más relevantes" a los jueces. Por ello, pidió a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tenga en cuenta "otros agravantes" a la hora de emitir su resolución final. La líder de UPyD, Rosa Díez, reclamó también que los magistrados paguen sus errores "de manera proporcionada", aunque concluyó que este asunto es el resultado de que existan "políticos dedicados a repartirse el poder y algunos jueces dedicados a hacer política".

Las asociaciones de jueces, consultadas de Europa Press, se mostraron también a favor de revisar el principio de responsabilidad judicial, pero matizaron que no debe hacerse al calor de un caso concreto sino que ha de llevarse a cabo con "responsabilidad" y después de un debate sobre lo que se debe modificar.

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