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Antonio Casado - 03/09/2008

Ayer escribí que el juez Baltasar Garzón reconocía en privado que los crímenes de la guerra civil y el franquismo no encajan en los supuestos imprescriptibles de genocidio y lesa humanidad. Me corrige quien puede hacerlo y hago constar la rectificación, en honor a la verdad y la precisión informativa. En consecuencia, quede claro que el magistrado no descarta el encaje de estos asesinatos y desapariciones en los llamados crímenes contra la humanidad, según la doctrina de Nuremberg (posterior a nuestra guerra civil) y del vigente Tribunal de Roma respecto a la jurisdicción universal y la no prescripción.

De hecho, es el único camino que Garzón seguiría para mantener viva la causa abierta por asociaciones y ciudadanos particulares. Correcto. Si el encaje de los hechos denunciados fuese el de delitos comunes -asesinatos, básicamente-, la competencia no sería de la Audiencia Nacional ni Garzón podría admitir a trámite las denuncias. Es la tesis de la Fiscalía, que además invoca la Ley de Amnistía y habla de delitos comunes ya prescritos. Es decir, ni siquiera el juez natural podría abrir la causa correspondiente, salvo en los casos de las desapariciones, porque sin cadáver no prescribe un presunto asesinato.

A lo que íbamos. Si Garzón tiene en la cabeza abrir una especie de causa general por crímenes contra la humanidad en este sórdido capítulo de nuestra historia, necesita soporte documental. Para entendernos, una especie de censo. Eso pretende con su masivo requerimiento a autoridades civiles y responsables de archivos estatales y eclesiásticos. También a las familias y asociaciones denunciantes, como partes personadas, a las que ayer concedía un plazo de quince días para que aporten relación de personas desaparecidas y posible ubicación.

Lo complicado, lo difícil, por no decir imposible, es lograr ese soporte documental necesario para seguir adelante. Y en este punto es donde este humilde comentarista cree que los esfuerzos de Garzón son inútiles. Y los esfuerzos inútiles, como decía Ortega, conducen a la melancolía. Por diversas causas de insalvable dificultad. A saber: una caótica dispersión de fuentes (8.000 ayuntamientos y 22.000 parroquias, de momento), miles de hechos absolutamente carentes de documentación (sólo en la provincia de Sevilla, 11.000 asesinatos o desapariciones, de los que están documentados 300), falta de medios humanos y técnicos para afrontar la macroinvestigación propuesta por el juez (y si los medios son exclusivamente judiciales, pues a uno le da la risa) y, en fin, la previsible resistencia de instituciones y amplias capas sociales a pisar arenas movedizas.

De ahí mi inclinación a relacionar la cruzada de Garzón con una preparación del camino hacia el carpetazo judicial. Ojo, no confundir con el político. O el de las reparaciones morales. A su pesar. Aunque no sea su intención, que no lo es. Pero el propio choque de su celo profesional con las innumerables dificultades que presenta la elaboración de un censo de asesinados y desaparecidos puede ser tan notable, tan fuerte, tan ruidoso, que la alternativa del carpetazo se abriría paso como la solución más razonable para restañar la herida histórica. En línea con la Ley de Amnistía del 77. Ahora también en su eventual calificación de "crímenes contra la humanidad.

Al menos en este terreno, el judicial, que es en el que se está moviendo Baltasar Garzón en fase de diligencias previas por unas denuncias presentadas por ciudadanos en el uso de sus derecho a la tutela judicial. Hay quien prefiere ver en este magistrado a un exhibicionista. O a un ‘mediópata’. Me parece una falta de respeto. También se lo parece a sus colegas, que se han dirigido al CGPJ para que frenen los ataques a la integridad profesional de Garzón. Pero es lo que hay.

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