¿Prepara el juez Garzón el carpetazo judicial a los crímenes de la guerra civil y el franquismo? A la noticia, de la que Daniel Forcada nos da cumplida cuenta, solo le cuadra esa explicación racional. El resto de las hipótesis desembocan en la melancolía o el absurdo. Incluida la del consabido protagonismo del juez, cuyos enemigos no tardarán en airear de nuevo. Hay quien sugiere la elaboración de un censo de desaparecidos. Pero esa no es labor de un juez. No lo creo.

La noticia en cuestión, difícil de asimilar sin sedación previa, nos habla de una serie de requerimientos judiciales encaminados a establecer, o descartar en su caso, la competencia (territorial y objetiva) de este Juzgado de la Audiencia Nacional para investigar dichos crímenes. Sería un paso previo a la admisión a trámite de las denuncias presentadas. Garzón busca soportes documentales y pruebas fehacientes de las muertes y las desapariciones para dar sentido a una hipotética depuración de responsabilidades criminales. Si no encuentra las pruebas, al menos en las proporciones masivas que pretende, estaremos abocados a un eventual carpetazo judicial, aunque me dicen de buena fuente que no es esa su intención.

Veamos. A comienzos del verano Baltasar Garzón ya había pedido informes a los Ministerios de Interior y Defensa, en relación con varias causas abiertas por distintas asociaciones de desaparecidos y algún que otro particular. Ambos departamentos le dieron calabazas, por falta de datos, y le remitieron al Ministerio de Cultura, con el mismo resultado.

Lo que hace ahora el magistrado es redoblar esfuerzos y abrir el foco indagatorio hasta el límite de lo utópico. Porque de forma tan intensa y tan extensa, simplemente, no puede ser. Salvo, ya digo, que esté preparando el terreno para cerrar el asunto de una vez por todas desde el punto de vista judicial. Ojo, carpetazo judicial. No confundir con el retrovisor político de Zapatero o las previsiones contenidas en la llamada Ley de Memoria Histórica, desde trabajos de excavación hasta la cobertura administrativa de la búsqueda. O simplemente, la reparación moral.

Los requerimientos de Garzón van dirigidos a los alcaldes de distintos ayuntamientos, al abad del Valle de los Caídos, al director del Centro Documental de la Memoria Histórica, al presidente de  la Conferencia Episcopal, al director del Archivo General de la Administración. Entre otros. Y, ojo al dato, en estas providencias se reclaman: número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, filiación completa de los fallecidos en municipios como Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba, nombres y filiación completa de personas enterradas en el recinto de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caidos. Se insta a la Conferencia Episcopal a facilitar a la Policía Judicial los libros de difuntos en un total de 22.827 parroquias. Del Archivo General de la Administración, o del organismo que en su caso fuese responsable de estos fondos documentales, se reclama un informe con la cifra de los desparecidos. Al Centro de la Memoria Histórica le pide que remita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo..Y así sucesivamente.

En resumen, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, como diría aquel torero sentencioso. Más parece que el juez se está cargando de razón jurídica antes de preparar el terreno para el cerrojazo judicial de un asunto que, por otra parte, y según reconoce en privado el propio Garzón, no encaja en los supuestos imprescriptibles de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Si no, ¿a qué viene una masiva indagación cuyo resultado jamás se ajustará a la realidad de tantos miles de asesinados o desaparecidos de nuestra guerra civil?