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El informe del Banco de España en el que se califica a Argentina como un país de "elevado riesgo" para invertir, dado a conocer la semana pasada por El Confidencial, ha levantado ampollas en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la furibunda reacción de la presidenta argentina, que recomendó a nuestro país que se dedique a "pronosticar sus propios problemas, que han sido importantes, antes que hablar sobre los demás", Kirchner ha responsabilizado directamente a José Luis Rodríguez Zapatero de los análisis "irresponsables" del banco central español, en lo que considera una "operación de represalia" por la crisis de Aerolíneas Argentinas, según fuentes próximas a Kirchner citadas por la prensa de Buenos Aires.

El estudio del Banco de España, elaborado por los economistas Miguel García-Posada y Josep Maria Vilarrubia, analiza los niveles de riesgo comercial y financiero a los que se enfrenta la economía española en sus relaciones con 132 países. El informe considera que Argentina se encuentra en el grupo de países con "riesgo elevado" para invertir, junto a Bolivia, Honduras, República Dominicana, Surinam, Vietnam y Venezuela. La única variable en la que no se considera a Argentina un riesgo para los inversores españoles es la energética, pero sí aparece, en cambio, en la lista de "países con interdependencia media o alta, y riesgo elevado o muy elevado" en asuntos comerciales, financieros y de activos bancarios.

El diario La Nación, citando fuentes muy próximas a Kirchner, asegura que las duras críticas de la presidenta argentina no sólo iban dirigidas "al Banco Central de España y a los economistas que elaboraron el informe, sino también a la administración de Rodríguez Zapatero". Según esas fuentes, Kirchner considera que el análisis "erróneo" del Banco de España fue "una operación de represalia" del Ejecutivo español por el proyecto para volver a nacionalizar Aerolíneas Argentinas. El grupo español Marsans, propietario de la línea aérea, se ha visto forzado a firmar un acuerdo con el Gobierno de Kirchner para la cesión del 94,6% de las acciones de la compañía al Estado argentino tras un periodo de transición en el que debe fijarse el precio de la operación. "A la presidenta no le cabe ninguna duda [de la intervención de Rodríguez Zapatero]", añadieron las mismas fuentes, "y por eso salió a desmentir ese informe".

En su edición de ayer, el comentarista político Eduardo van der Kooy afirmaba en el diario bonaerense Clarín que "el matrimonio presidencial [en alusión a Cristina y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner] suele descubrir sólo intencionalidad política sobre cada crítica o simple señalamiento en torno a la economía. Por esa razón acostumbra a incursionar en lo inexplicable: lo fue la reacción pública de la presidenta por un informe sobre la Argentina del Banco Central de España. Esas reacciones, a esta altura, ya no debieran sorprender. La sorpresa se producirá el día –si ese día llega– en que Cristina y Kirchner no hiervan frente a cada desencanto público. El problema es para ambos exactamente ése: no tanto que las cosas desagradables sucedan, como que se ventilen".

Tensión en las relaciones diplomáticas

Los partidos de la oposición también se han apresurado a descalificar a Cristina Kirchner por "tensar" las relaciones diplomáticas con España, y la han acusado de cometer un "grosero error de política exterior". El diputado Pedro Azcoiti, de la Unión Cívica Radical -el principal partido opositor argentino- ha afirmado que "la presidenta debería saber que el Banco de España no depende del Estado español. Es una irresponsabilidad vincular al Estado con las advertencias de un grupo de analistas bancarios. Si quería explicaciones, debió pedirlas a través de la Cancillería. No puede plantear la discusión como un tema de Estado a Estado".

Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados de Propuesta Republicana, manifestó que "los jefes de Estado no contestan a los analistas económicos de otros Estados. Si necesita contestar, que lo haga con cifras y no con agresiones, y menos a España. Podría haber dicho que son malos analistas, y punto". Pinedo, que es también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, añadió que "la agresión a España" por parte de la presidenta argentina es "incalificable". Desde la Coalición Cívica, el diputado Fernando Iglesias también arremetió contra Kirchner: "Cada vez que cualquier agencia de un gobierno realiza alguna acción se reacciona en contra de ese Estado. No se entiende que en España el Banco Central es una entidad autárquica, y que el Gobierno español no interfiere en sus decisiones, como sí pasa en Argentina".

Desde España, Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano -el principal think tank de estudios internacionales de nuestro país-, califica de "absolutamente desproporcionada" la reacción de Kirchner al informe del Banco de España. "En dicho documento se alertaba de la delicada situación de la economía argentina y de los peligros que acechan en el horizonte, como la crisis energética. Éstos, sumados a la inflación desbocada y a la manipulación estadística, así como a la ofensiva contra diversas empresas españolas, conforman un marco agudo de inseguridad jurídica, poco estimulante para potenciar la inversión extranjera directa", sostiene Malamud, que añade que el informe del Banco de España "no viene más que a constatar una realidad de sobra conocida por los empresarios españoles".

Pese a esta escalada de tensión en las relaciones bilaterales, el Gobierno argentino ha asegurado que el viaje de Kirchner a Madrid, previsto para el próximo mes de octubre, se mantiene según lo anunciado. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español consultadas por El Confidencial han expresado sus reservas al anuncio de Kirchner, que este mismo año ya ha cancelado en dos ocasiones -la primera en enero, y la última el pasado mes de julio- una visita a España por el malestar generado entre ambos gobiernos tras las maniobras de la presidenta, criticadas desde Madrid, para que empresarios argentinos recuperasen el control de las compañías de su país en poder de capital español, entre ellas Repsol YPF, Gas Natural o la propia Aerolíneas Argentinas. Según estas fuentes, ni la fecha del viaje ni la agenda de la visita han sido todavía pactadas con La Moncloa, por lo que el anuncio del Gobierno argentino podría ser "una maniobra para ganar tiempo y acallar las críticas de la oposición".

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