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El período de sesiones de las Cortes se inicia con la incógnita sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que, a causa de la parálisis económica, tendrán que ser muy distintos de los aprobados los últimos años. Hay quienes aventuran una prórroga de los presupuestos de 2008 sin más y, lo que es peor, sin hablar de las consecuencias políticas que se derivarían de ello en un régimen parlamentario, la principal de las cuales sería la dimisión del gobierno. Eso da idea de la escasa calidad de la democracia española.

A pesar de su definición constitucional como monarquía parlamentaria, el régimen de la Transición ha venido funcionando como un sistema pseudo presidencialista en el que el Congreso de los Diputados tiene escasa iniciativa y va a remolque del gobierno de turno. La fiscalización del gobierno es complicada, lo que la condena en la mayoría de las ocasiones a la esterilidad. El ejemplo de eso es que no ha habido ni un solo caso de jefe de gobierno o ministro que haya dimitido por causa de una iniciativa parlamentaria. Como tampoco ha habido casos, al menos significativos, de diputados que hayan contravenido la disciplina de partido.

En mi opinión, las causas principales de esta situación son el poder omnímodo de los dirigentes de los partidos políticos y la institución de la moción de censura constructiva que establece la Constitución. Según esta, solo se puede censurar al gobierno si se presenta un candidato a la jefatura del mismo, que obtenga la mayoría absoluta de la Cámara. Con la excusa de defender a España de la “inestabilidad gubernamental” se creó una coraza alrededor del poder ejecutivo en perjuicio de la labor del Parlamento. Además, se ha transmitido la idea falsa de que la moción de censura solo se justifica si prospera, tratando de desacreditar cualquier intento de utilización de la misma, si no se cuenta con la mayoría suficiente para aprobarla. Es una de las tantas mistificaciones que abundan en la política española.

De esta forma hemos asistido a la permanencia de gobiernos sin apoyo de la mayoría parlamentaria, por la imposibilidad de que esa mayoría pudiera proponer un candidato a la jefatura del gobierno. Como a su vez, la jefatura del Estado no tiene origen democrático, carece de iniciativa alguna en la materia. La rigidez del sistema conduce a que sea el jefe del gobierno el epicentro del mismo: el resto de las instituciones aletean a su alrededor con escasa fe en sus propias capacidades.

En estos momentos, el gobierno se encuentra atrapado con los compromisos legales e institucionales que no puede cumplir, como es el caso del Estatuto de Cataluña, y la crisis económica, que obliga a construir unos presupuestos más serios y austeros que los de los años de bonanza. En el primer caso habría que asumir el error y corregirlo, y en el segundo asunto, los presupuestos, se trataría de adecuarlos a una realidad adversa, lo que implicaría la reordenación del gasto público para que se mantenga dignamente la política social, eliminando todo aquello prescindible o superfluo, tarea a la que habrían de aplicarse todas las administraciones públicas.

Pero, hasta el momento, no se ha oído la menor autocrítica en cuanto a los compromisos asumidos y, en materia presupuestaria, se reitera un mensaje voluntarista con escaso fundamento económico-financiero. Todo ello adobado con la pretensión de ceder más recursos del Estado a las Comunidades Autónomas que, con sus pretensiones, parecen ajenas a las nuevas realidades de la economía española. Es como si en una empresa en crisis los responsables de la misma discutieran los presupuestos de sus departamentos con olvido de la marcha del negocio.

No obstante, cabe esperar que, ante los problemas con que nos enfrentamos, el Congreso de los Diputados salga de su conformismo, adoptando iniciativas encaminadas a ordenar la situación, poniendo al gobierno con los pies en la tierra, sin desdeñar la eventualidad de su sustitución, previa negociación de los grupos parlamentarios para diseñar gobierno y programa, junto con el compromiso de convocar elecciones generales en un plazo no superior a dos años, que sería el tiempo mínimo necesario para conjurar los efectos más negativos de la crisis económica y adoptar las medidas legales indispensables para dotar de eficacia al poder público.

El Parlamento, que es constitucionalmente la máxima representación de la soberanía nacional, podría contribuir así a restaurar la confianza de los españoles, haciendo uso de  facultades un tanto olvidadas con respeto exquisito a los principios de la democracia parlamentaria.

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