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Las palabras del casi siempre comedido Pedro Solbes, pronunciadas ayer en el Congreso, sonaron más a amenaza que a advertencia: "Si el sistema de financiación para Cataluña no es similar al que se aplique en Asturias, no habrá forma humana de que esto funcione. Si no hay acuerdo en tres meses, el Estado puede hacer prevalecer su criterio".

El vicepresidente económico rechazaba, de esta forma tan rotunda, el modelo de financiación que exige Cataluña. Y, de paso, provocaba un daño colateral difícil de reparar, al empujar al Gobierno a la más absoluta soledad ante el inminente debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Todos los partidos catalanes volvieron a dejar claro ayer que no apoyarán las cuentas públicas si previamente no hay un acuerdo sobre financiación que, hoy por hoy, parece inalcanzable. Sin esos votos, especialmente los de CiU, José Luis Rodríguez Zapatero no podrá sacar adelante los Presupuestos, así que los únicos que pueden sacarle las castañas del fuego son los nacionalistas vascos. El PSOE ya ha mantenido contactos discretos con el PNV en los últimos días, según han confirmado a El Confidencial fuentes de ambas formaciones, y los intensificará en las próximas semanas para tratar de lograr su objetivo.

El apoyo de los 10 diputados de CiU sería suficiente para completar la mayoría absoluta que el PSOE necesita para aprobar los Presupuestos. Pero esos votos, si los nacionalistas catalanes llevan hasta el final su estrategia de condicionar el respaldo a las cuentas del Estado a un pacto sobre financiación, no caerán en el cesto de Zapatero. Y tampoco los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV), dispuestas a hacer un frente común con CiU para forzar al Gobierno a cumplir el contenido del Estatut en materia de financiación.

La distancia entre el bloque catalán y el Ejecutivo es, a dia de hoy, insalvable. Y Solbes la acentuó todavía más ayer al volver a defender en el Congreso, sin una sola variación, el mismo borrador que presentó el pasado 22 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que ya entonces fue rotundamente rechazado por los nacionalistas catalanes. El vicepresidente volvió a comprometerse a que el Estado inyectará más recursos a las comunidades autónomas para que sigan desarrollando las competencias transferidas y garantizando la financiación de los servicios públicos esenciales, sin mayor concreción, y todos los partidos de la oposición le preguntaron de dónde saldrán esos recursos en el actual escenario de crisis económica. Solbes no respondió.

A priori, el acercamiento al PNV presenta para el PSOE una ventaja y un inconveniente. La primera es que los nacionalistas vascos no van a presentar batalla en el debate sobre la financiación autonómica, ya que el concierto económico vasco está al margen del modelo que afecta a las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo Euskadi y Navarra). El inconveniente es el abismo abierto entre ambas formaciones por la consulta soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y la posterior paralización del proceso impulsada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, unos y otros han dado muestras en los últimos días, en público y en privado, de su voluntad de apoyarse mutuamente para sacar adelante sus respectivos presupuestos, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Vitoria. Ya lo hicieron el año pasado, cuando aparcaron sus profundas diferencias políticas para garantizarse mutuamente la aprobación de sus cuentas públicas.

Fuentes del PNV reconocieron ayer a este periódico que ya se han producido contactos previos, y que su partido está abierto a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Pero advirtieron de que, para llegar a un acuerdo, los socialistas deberán estar dispuestos a ceder, si no todas, al menos una parte sustancial de las competencias autonómicas que reclama el Ejecutivo de Vitoria desde hace más de una década. Ibarretxe ya exigió en 2005 a Zapatero la elaboración de un calendario para el traspaso de esas competencias, que el Gobierno vasco cifra en 37, con especial énfasis en las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la investigación científica, los ferrocarriles de cercanías y las prisiones. "Si no hay transferencias no habrá acuerdo. Es cierto que nosotros correríamos el riesgo de no sacar adelante los presupuestos en Vitoria, pero eso no nos preocupa, porque en marzo habrá elecciones en Euskadi y los presupuestos se pueden prorrogar hasta entonces". 

Un problema añadido para el Gobierno es que, aunque lograse el apoyo del PNV, los votos de sus seis diputados seguirían siendo insuficientes. A los socialistas les faltarían aún tres votos para alcanzar la mayoría absoluta, que podrían arañar, según sus cálculos, de las filas del Bloque Nacionalista Galego y de Coalición Canaria.

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