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La unión de los partidos catalanes para reclamar al Gobierno central que cumpla con el sistema de financiación previsto en el Estatut ha desenterrado, una vez más, las viejas diferencias entre comunidades autónomas. Ante la posibilidad de que un pacto bilateral entre el Estado y la Generalitat acabe por recortar los fondos destinados a otras comunidades, los líderes autonómicos, tanto en el gobierno como en la oposición, se han lanzado a una batalla dialéctica a la que el Gobierno no ha sabido poner freno. Además, las comunidades se han dividido entre las que apoyan las reivindicaciones catalanas y aquellas que las rechazan de plano.

La Comunidad Valenciana y Baleares están en sintonía con las demandas catalanas para que el nuevo modelo de financiación incremente el peso de la población. Como sucedió con el Estatut, el listón que marque Cataluña en su acuerdo con el Gobierno servirá a estas comunidades para exigir ventajas similares. El presidente balear, Francesc Antich (PSOE), advirtió el lunes que Baleares debe ser “la comunidad más beneficiada por el nuevo sistema de financiación”, ya que, a su juicio, es el territorio más perjudicado por el actual. Enfrente se sitúan otras como Aragón, Cantabria, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, que consideran que cuestiones como la dispersión de la población o su envejecimiento deben ser factores fundamentales a la hora de calcular la financiación y no solo la cantidad de habitantes. Asimismo, estas comunidades rechazan las balanzas fiscales como argumento para que Cataluña recorte sus aportaciones al fondo de solidaridad que debe garantizar los servicios básicos en todo el Estado.

Marcelino Iglesias, presidente de Aragón (PSOE), aseguró ayer que la Generalitat “se equivoca” cuando plantea sus condiciones “como si fueran las únicas a contraponer a la posición del Estado”. Para Iglesias, el Estado debe atender al “conjunto de los estatutos”, que son igualmente leyes orgánicas. Desde Castilla La Mancha, el vicepresidente Fernando Lamata (PSOE), mostró su preocupación por que el Gobierno catalán esté “tensando la cuerda” en un asunto que, consideró, requiere prudencia y responsabilidad. Por ello, Lamata pidió que “se baje un poco el tono del debate”.

En Galicia, tanto PSOE como PP criticaron las exigencias catalanas. “Cada euro que va al modelo catalán es un euro menos para Galicia”, sostuvo Mar Barcón, secretaria socialista de organización, que garantizó que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, “defenderá los intereses de los gallegos por encima del compromiso de partido”. Alfonso Rueda, número dos de los populares gallegos, lamentó que Galicia puede ser “la primera víctima” de las disputas entre el PSOE y el PSC por la financiación. El domingo, el propio Touriño apeló directamente a su homólogo, José Montilla, para que no cuestionara ni tensara “las posturas del estado plural”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que gobierna en coalición con el PSOE, también rechaza los argumentos de población y las balanzas fiscales para asignar los fondos para las autonomías.

"Cataluña, más pobre que Extremadura"

Sin embargo, los nacionalistas catalanes insisten en la necesidad de que la Generalitat se mantenga firme ante el Gobierno central y el resto de autonomías. Ayer, el conseller catalán de Innovación, Universidades y Empresas, Josep Huguet (ERC), definió de “califato” la oposición andaluza al cambio de modelo de financiación. En declaraciones a la emisora RAC-1, Huguet afirmó que “hay una especie de alianza histórica entre las dos Castillas y Madrid y lo que podríamos denominar el Califato que se permiten el lujo de dictaminar quién ha de pagar y quién ha de recibir”. En este sentido, Joseph Lluís Carod-Rovira (ERC), vicepresidente de la Generalitat, aseguró: “Gracias o por culpa de nuestro déficit, tienen más inversión por habitante en sanidad; lo cierto es que en Cataluña hoy padecemos más pobreza que Extremadura”.

Por su parte País Vasco y Navarra, gracias a sus privilegios forales, asisten como espectadores a esta batalla. De esta forma, el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, abogó el lunes por que la financiación se consensúe entre PSOE y PP. “Aunque a nosotros no nos afecte directamente, debemos estar también pendientes de la situación que se pueda dar”, añadió.

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