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La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santigo Pedraz de investigar la represión china en Tíbet es el último caso de una larga lista de querellas presentadas en España para investigar crímenes de lesa humanidad en países como Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Desde que en 2005 el Tribunal Constitucional estableciera que los tribunales españoles pueden juzgar delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, aunque no haya víctimas nacionales, España se ha convertido en uno de los destinos preferidos por las asociaciones de derechos humanos para presentar todo tipo de querellas. De este modo, la Audiencia Nacional, que además cuenta con el simbólico precedente de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, ha emergido como un verdadero tribunal penal internacional.

No obstante, estos casos basados en el principio de jurisdicción universal no escapan de los problemas que arrastra la justicia española, según Gregorio Dionis, portavoz del Equipo Nizkor. Esta organización ha participado en procesos como el juicio al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en España a 640 años de cárcel, y ha impulsado en la Audiencia Nacional la querella contra cuatro responsables nazis del llamado Batallón de la Calavera de las SS. “Se aceptan más casos de los que se pueden llevar hasta el final”, sostuvo Dionis, que habla de “inflación” para referirse al número de casos que llegan hasta la Audiencia. Aunque no todos son admitidos, como sucedió con la querella contra Fidel Castro.

“Es bueno que exista la vía de la Audiencia Nacional”, explicó Dionis; “pero la mayoría de los procesos terminan sin preso ni condena, por lo que se genera un sentimiento de decepción entre los ciudadanos, que acaban pensando que la justicia no funciona”, añadió. Para Dionis, la razón de esta frustración proviene de la escasa formación de los jueces y fiscales españoles, así como de la poca consistencia de las querellas presentadas. Como ejemplo, señala la investigación del juez Andreu sobre el genocidio ruandés, cuando ya existe un tribunal internacional ad hoc para este país africano.

En cambio, Vidal Martín, experto en justicia internacional de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), afirmó que la labor de la Audiencia Nacional es oportuna, ya que “hace el papel que otros tribunales no pueden o no quieren hacer”, y “tiene reconocimiento internacional”. Sobre la capacidad de la justicia española para hacer frente a este tipo de investigaciones, Martín aseguró que no existen problemas de recursos, pero abogó por la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, como sucede en países como Suecia, Alemania o Bélgica.

Efecto disuasorio

En este sentido, Dionis criticó la ausencia de magistrados especializados en derecho internacional, y recordó los errores en la instrucción del caso Scilingo. Entonces, el juez Garzón insistió durante años en el delito de genocidio, pese a que finalmente el militar argentino fue condenado por crímenes contra la humanidad. Además, Dionis recordó que la existencia de varios autos sin una sentencia probable en el horizonte no crea jurisprudencia, “sino confusión”, como, apuntó, es posible que ocurra con el caso contra China. “Los jueces y fiscales no tienen un protocolo de actuación, por lo que cada uno lo acaba haciendo de una forma”, criticó Dionis, que lamentó también la falta de acuerdo en esta materia entre Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Sin embargo, para Martín, aunque casos como el de Pinochet no terminen en juicio, sí sirven a la causa de la justicia. “La detención de Pinochet hizo que los jueces chilenos comenzaran a investigar los casos sucedidos en los años 70, que hasta entonces se había negado a conocer”, explicó Martín, que se refirió al efecto disuasorio de estas medidas en los dirigentes que comenten crímenes de lesa humanidad. “Ahora saben que no pueden huir de la justicia escapando de su país”, agregó Martín.

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